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Memoria Histórica
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1, 2
Re: Memoria Histórica
Y los valientes, orgullosos de su hazaña, se fueron a enterrarlo a Torralba.Jaime Teófilo Tabuenca fue detenido en Calatayud (Zaragoza) por un grupo compuesto por veinte guardias civiles y seis falangistas, que lo asesinaron el 11 de agosto de 1936.

Invitado- Invitado
Exhumación de Jaime Tabuenca y Daniel Quintana
Me gustaría aclarar que la nota de prensa que se filtró acerca de la exhumación está equivocada. No es término de Torralba de Ribota, sino de Calatayud. Por ello es por lo que fue detenido en aquel monte (de Calatayud) y asesinado allí mismo.

nacho- Invitado
El Alzamiento
"En Calatayud, el capitán de la Guardia vivil don Federico Laguna ha apelado al patriotismo del vecindario y éste ha respondido en su mayoría. En Calatayud la fuerza de los sindicalistas era considerable. Contaban con 1.200 afiliados. Confluyen en la ciudad tres líneas férreas: Madrid-Zaragoza-Alicante, Santander-Mediterráneo y Central de Aragón. La guarnición se componía del Regimiento de Artillería Ligera número 10, con unos 250 hombres en el momento de producirse el Alzamiento. Su coronel, don Mariano Muñoz Castellanos, se había preocupado por identificar el espíirtu de las tropas con el de la Guardia Civil.
Al recibir la noticia de la declarición del estado de guerra en Zaragoza, Muñoz Castellano hizo saber al alcalde de Calatayud que no toleraría que, bajo el pretexto de velar por la intangibilidad de la República, las turbas salieran a las calles, y que en éstos no permitiría más vigilancia que la militar. A tal efecto situó retenes artilleros, y el día 20, cuando el capitán Pinilla lee el bando del fuero de guerra a nadie causa sorpresa, pues de hecho es la autoridad mlitar la que tiene el mando de Calatayud desde el día 18. Sin incidentes, es destituido el Ayuntamiento frentepopulista.
En previsión de que los cabecillas intenten alguna agresión, el Coronel dispone que fuerzas de la Guardia civil custodien los conventos y las iglesias, y que los elementos que han ofrecido su colaboración sean encuadrados y uniformados en el Regimiento de Artillería. La primera aportación de voluntarios la hace el Círculo Católico, de donde salen, para presentarse en el Cuartel, ochenta y un hombres, a cuyo frente va un oficial de complemento"
Historia de la Cruzada Española
Ediciones Españolas S.A.
1941
Al recibir la noticia de la declarición del estado de guerra en Zaragoza, Muñoz Castellano hizo saber al alcalde de Calatayud que no toleraría que, bajo el pretexto de velar por la intangibilidad de la República, las turbas salieran a las calles, y que en éstos no permitiría más vigilancia que la militar. A tal efecto situó retenes artilleros, y el día 20, cuando el capitán Pinilla lee el bando del fuero de guerra a nadie causa sorpresa, pues de hecho es la autoridad mlitar la que tiene el mando de Calatayud desde el día 18. Sin incidentes, es destituido el Ayuntamiento frentepopulista.
En previsión de que los cabecillas intenten alguna agresión, el Coronel dispone que fuerzas de la Guardia civil custodien los conventos y las iglesias, y que los elementos que han ofrecido su colaboración sean encuadrados y uniformados en el Regimiento de Artillería. La primera aportación de voluntarios la hace el Círculo Católico, de donde salen, para presentarse en el Cuartel, ochenta y un hombres, a cuyo frente va un oficial de complemento"
Historia de la Cruzada Española
Ediciones Españolas S.A.
1941

Otro- Invitado
Re: Memoria Histórica
¿Cómo se explica que un documento como este acabe vendiéndose en internet por 20 euros?



Preguntó- Invitado
Una fosa en Calatayud podría contener unos 2.700 cuerpos
Una fosa en Calatayud podría contener unos 2.700 cuerpos
La investigación para hallar los cadáveres se iniciará el próximo año.
Si todo sigue según lo previsto, los trabajos para la localización de las fosas del barranco de la Bartolina podría empezar en el primer semestre del año que viene. La Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (Arico) ha iniciado los contactos con los alcaldes de la zona y se ha dirigido a la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón para poner en marcha el proyecto que permitirá detectar los numerosos enterramientos que se piensa podría acoger este terreno, en Calatayud, para posteriormente ejecutar, si procede, las exhumaciones. Aunque todavía falta la confirmación de Patrimonio y la aprobación de las subvenciones, desde la agrupación confían en la buena disposición del departamento y en la colaboración de los ayuntamientos, con los que volverán a reunirse en septiembre.
Este proyecto, que solo ha dado sus primeros pasos, establecerá la cifra de personas que están enterradas en lo que se piensa podría ser una de las mayores fosas de todo el país, con cientos de muertos en distintos lugares. De hecho, Santiago Carcas, de Arico, explica que las cantidad total de cuerpos ascendería a unas 2.700 personas. "La gente mayor recuerda que cuando había riadas el agua arrastraba huesos", asegura.
En la primera fase se trabajará con un georradar para detectar los enterramientos. Después se procederá a iniciar las excavaciones. Es en este momento en el que se podrá trabajar con las ayudas del ministerio. Hasta entonces, la búsqueda dependerá del apoyo del Gobierno de Aragón, a través del programa Amarga Memoria.
En la zona ya se han llevado a cabo algunas exhumaciones y homenajes aislados por parte de distintos colectivos. De hecho, Arico cuenta con 38.500 euros de Presidencia para empezar los trabajos de búsqueda de 12 cuerpos que podrían estar enterrados en una fosa de Cetina. Pero el proyecto del barranco quiere ir más lejos e iniciar una investigación exhaustiva de una amplia zona que ya es un triste referente en materia de memoria histórica.
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=515666

Criticón- Escribidor

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Aprobación: 4
La DGA podría multar una exhumación con 300.000 euros
La DGA podría multar una exhumación con 300.000 euros
La ARMH abrió la fosa en julio sin tener los permisos de Patrimonio.El colectivo critica las exigencias del departamento, al que acusa de "no ayudar".
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) se enfrenta a una posible multa de entre 60.101 y 300.506 euros por abrir una fosa común en Valderarnero, en Calatayud, sin contar con los permisos del Gobierno de Aragón. El director general de Patrimonio, Jaime Vicente, envió el pasado 24 de julio una carta al colectivo en la que le advertía de la posible incoación de un expediente sancionador y le solicitaba un informe relativo a las actuaciones realizadas en el lugar en un plazo de 20 días, que ha expirado ya.
El vicepresidente de la ARMH, Santiago Macas, que ayer criticó duramente la gestión de la DGA en la materia, manifestó que el protocolo aragonés, que da a estos restos el mismo tratamiento que a cualquier yacimiento arqueológico, "se ha hecho sin tener en cuenta la realidad de estas exhumaciones y su urgencia", y aseguró que la asociación ya envió una carta a la consejera de Cultura, María Victoria Broto, explicando su postura.
Esta situación contrasta con el historial del colectivo, que ha colaborado en numerosas exhumaciones respetando las indicaciones establecidas. De hecho, Jaime Vicente, que defendió la importancia del protocolo para garantizar estos procesos, destacó esta circunstancia ayer para quitar hierro al asunto. "La carta se puede interpretar como una petición de información --señaló--. La ARMH siempre ha cumplido con los trámites. Quiero interpretar esto como un despiste que no volverá a ocurrir".
Sin embargo, Macas quiso dejar claro ayer que de despiste nada. El vicepresidente del colectivo, que recordó que la asociación actúa a instancias de los familiares, los verdaderos promotores, acusó a Patrimonio de tener "los mismos niveles de exigencia para exhumar un cuerpo que para un yacimiento impulsado por una empresa con ánimo de lucro", al mismo tiempo que, desde el Gobierno de Aragón, "no se pone en marcha ni una sola medida para ayudar". "Patrimonio debería encargarse de proteger los restos cuando se hace una autovía, no de venir a sancionar a una mujer de 73 años que quiere recuperar a su padre asesinado", afirmó.
En realidad, Patrimonio mantiene una iniciativa específica para fomentar la investigación del periodo comprendido entre la proclamación de la II República española y la Transición. El programa Amarga Memoria subvenciona, por ejemplo, jornadas, publicaciones o investigaciones, si bien no financia exhumaciones, algo que depende directamente del Ministerio de Presidencia.
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=520369
http://www.elpais.com/articulo/espana/Aragon/estudia/sancionar/exhumacion/fusilados/elpepunac/20090825elpepinac_8/Tes
http://www.publico.es/246261/polemica/apertura/fosa/aragon
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=88825
Sentido común con las fosas de la guerra
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha sido advertida por la DGA de que puede ser sancionada por haber exhumado sin permiso una fosa de dos fusilados de la Guerra Civil en Calatayud. La asociación pidió y recibió la autorización del ayuntamiento, dueño de los terrenos. ¿Va a resultar ahora que las víctimas pueden ser castigadas por una tontada burocrática, mientras ni se juzgó a los culpables ni a la Historia que impusieron? ¿Perdón a los poderosos e intolerancia con los sometidos?. Cuidadín con las multas, que las carga el diablo.
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=520394

Criticón- Escribidor

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La DGA podría multar una exhumación con 300.000 euros
La DGA podría multar una exhumación con 300.000 euros
La ARMH abrió la fosa en julio sin tener los permisos de Patrimonio.El colectivo critica las exigencias del departamento, al que acusa de "no ayudar".
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) se enfrenta a una posible multa de entre 60.101 y 300.506 euros por abrir una fosa común en Valderarnero, en Calatayud, sin contar con los permisos del Gobierno de Aragón. El director general de Patrimonio, Jaime Vicente, envió el pasado 24 de julio una carta al colectivo en la que le advertía de la posible incoación de un expediente sancionador y le solicitaba un informe relativo a las actuaciones realizadas en el lugar en un plazo de 20 días, que ha expirado ya.
El vicepresidente de la ARMH, Santiago Macas, que ayer criticó duramente la gestión de la DGA en la materia, manifestó que el protocolo aragonés, que da a estos restos el mismo tratamiento que a cualquier yacimiento arqueológico, "se ha hecho sin tener en cuenta la realidad de estas exhumaciones y su urgencia", y aseguró que la asociación ya envió una carta a la consejera de Cultura, María Victoria Broto, explicando su postura.
Esta situación contrasta con el historial del colectivo, que ha colaborado en numerosas exhumaciones respetando las indicaciones establecidas. De hecho, Jaime Vicente, que defendió la importancia del protocolo para garantizar estos procesos, destacó esta circunstancia ayer para quitar hierro al asunto. "La carta se puede interpretar como una petición de información --señaló--. La ARMH siempre ha cumplido con los trámites. Quiero interpretar esto como un despiste que no volverá a ocurrir".
Sin embargo, Macas quiso dejar claro ayer que de despiste nada. El vicepresidente del colectivo, que recordó que la asociación actúa a instancias de los familiares, los verdaderos promotores, acusó a Patrimonio de tener "los mismos niveles de exigencia para exhumar un cuerpo que para un yacimiento impulsado por una empresa con ánimo de lucro", al mismo tiempo que, desde el Gobierno de Aragón, "no se pone en marcha ni una sola medida para ayudar". "Patrimonio debería encargarse de proteger los restos cuando se hace una autovía, no de venir a sancionar a una mujer de 73 años que quiere recuperar a su padre asesinado", afirmó.
En realidad, Patrimonio mantiene una iniciativa específica para fomentar la investigación del periodo comprendido entre la proclamación de la II República española y la Transición. El programa Amarga Memoria subvenciona, por ejemplo, jornadas, publicaciones o investigaciones, si bien no financia exhumaciones, algo que depende directamente del Ministerio de Presidencia.
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=520369
http://www.elpais.com/articulo/espana/Aragon/estudia/sancionar/exhumacion/fusilados/elpepunac/20090825elpepinac_8/Tes
http://www.publico.es/246261/polemica/apertura/fosa/aragon
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=88825
Sentido común con las fosas de la guerra
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha sido advertida por la DGA de que puede ser sancionada por haber exhumado sin permiso una fosa de dos fusilados de la Guerra Civil en Calatayud. La asociación pidió y recibió la autorización del ayuntamiento, dueño de los terrenos. ¿Va a resultar ahora que las víctimas pueden ser castigadas por una tontada burocrática, mientras ni se juzgó a los culpables ni a la Historia que impusieron? ¿Perdón a los poderosos e intolerancia con los sometidos?. Cuidadín con las multas, que las carga el diablo.
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=520394

Criticón- Escribidor

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Discrepancias ante la multa por la exhumación
Discrepancias ante la multa por la exhumación
IU y CHA critican a Patrimonio mientras el PP defiende el protocolo establecido.
La posible sanción por la exhumación de una fosa común en Valderarnero, en Calatayud, sin los preceptivos permisos de Patrimonio, no ha dejado indiferente a la oposición. CHA e IU se mostraron ayer muy críticos con la actitud del Gobierno de Aragón ante la situación y con las carencias de la Ley de Memoria Histórica y su aplicación en la comunidad, mientras que el Partido Popular defendió la necesidad de cumplir los protocolos para garantizar que estos procesos se realicen con garantías.
A través de un comunicado, el coordinador general de IU Aragón, Adolfo Barrena, exigió al Gobierno de Aragón una implicación "efectiva en el cumplimiento de la ley, y no obstaculizar el trabajo que realizan los foros y asociaciones", en referencia a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que llevó a cabo los trabajos a instancias de la hija de uno de los fusilados sin cumplir el protocolo, que trata los vestigios de las fosas comunes como restos arqueológicos. De manera similar se expresó el secretario de organización de CHA, Juan Campos, que criticó la "falta de ayuda de las administraciones" y que el Gobierno pueda "castigar a la familia" con una multa que podría llegar a los 300.000 euros. Las dos formaciones, no obstante, confiaron en que Patrimonio no prosiga con la sanción, algo que sería "descabellado", en palabras de Campos.
Desde el Partido Popular, por su parte, la diputada María Antonia Avilés defendió el cumplimiento de los protocolos establecidos en la Ley de patrimonio, que es la que se aplica en Aragón para las exhumaciones de fosas comunes. "Tal vez se podría hacer una modificación para estos casos específicos, pero la normativa está bien así, si se cumple --valoró--. Los requisitos no son excesivos. Es bueno hacer las cosas bien, aunque eso suponga un pequeño retraso". Avilés, además, señaló que los procesos se han agilizado ya bastante gracias a los ayuntamientos.
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=520557

Criticón- Escribidor

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Los deberes de la memoria
Como si lo que se buscara fuera un mosaico romano, la DGA quiere que en las exhumaciones haya un restaurador.
EMILIO Silva
La polémica sobre la exhumación de una fosa común en Calatayud y el incumplimiento en la realización de la misma de la ley de Patrimonio aragonesa no debe desenfocar la naturaleza del verdadero problema que se esconde tras ella.
No parece la mejor solución la intención de la Dirección General de Patrimonio, perteneciente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno aragonés, de aplicar a un problema humanitario un protocolo creado para la recuperación del patrimonio arqueológico. El reglamento de Patrimonio no plantea el interés fundamental que tienen ese tipo de actuaciones: el humano.
El verdadero debate que tiene que suscitar la existencia de fosas comunes y de personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos es cuál debe ser la implicación de las instituciones y qué deberes tienen hacia las víctimas.
LA ASOCIACIÓN que llevó a cabo la exhumación de Calatayud lleva casi diez años trabajando en la búsqueda de desaparecidos y desaparecidas como consecuencia de la represión franquista. Los arqueólogos y forenses que colaboran con ella han participado en ese tipo de exhumaciones en numerosas comunidades autónomas. Y nunca han tenido que aplicar un protocolo como el que pretende el Gobierno de Aragón, que exige en las exhumaciones la presencia de un restaurador, como si lo que se estuviera buscando fuera un mosaico romano.
El Gobierno de Aragón presentó en las Cortes aragonesas el proyecto Amarga Memoria en abril del año 2006. Se trataba de una iniciativa que respondía a la creciente demanda social de medidas orientadas a paliar las consecuencias de la represión franquista. Pero el citado proyecto evitaba asumir ningún tipo de responsabilidad con respecto a la búsqueda, exhumación e identificación de restos de desaparecidos y desaparecidas. Así se dejó un vacío que las asociaciones y los familiares han llenado como han podido.
Esther Tabuenca, hija de uno de los dos hombres exhumados en Calatayud, acudió a las oficinas de su Gobierno autonómico para pedir ayuda, pero nadie desde esa institución dio una solución a su problema. Esta mujer, que tiene hoy 78 años y no quería esperar más tiempo, buscaba identificar los restos de su padre, concejal socialista de Calatayud en los años de la república, asesinado por ello. Finalmente, tuvo que ser un colectivo originario de El Bierzo leonés el que llevara a cabo la exhumación, con la colaboración del ayuntamiento bilbilitano.
EL GOBIERNO de Aragón debe asumir la responsabilidad de un problema ante el que nadie puede cerrar los ojos. Las demandas de las familias de los desaparecidos y desaparecidas deben tener respuesta institucional, para que la administración aragonesa no incumpla la esencia del derecho internacional humanitario. Para ello, las asociaciones y los técnicos que han participado en las exhumaciones pueden poner a disposición de los técnicos correspondientes la experiencia de las numerosas exhumaciones que se han llevado a cabo en los últimos años. Sería la mejor forma de reglamentar una situación que requiere una respuesta específica.
Es triste que un debate acerca de la desaparición de hombres y mujeres que construyeron nuestra primera democracia sea si hay que multar o no a quienes han llevado a cabo su búsqueda. Las Cortes de Aragón tienen que honrar públicamente a todos los hombres y mujeres que compartieron un destino similar al de Jaime Teófilo Tabuenca Pinilla, el concejal bilbilitano asesinado violentamente que fue exhumado hace unas semanas.
La sociedad aragonesa debe esforzarse por buscar los restos de todos ellos, para que esos hombres y esas mujeres que vivieron gobernados durante cuarenta años por los asesinos de sus seres queridos, tengan la oportunidad de vivir la reparación que supone honrar dignamente a quienes tanto sufrieron.
Presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Nieto de la primera víctima de la represión franquista identificada por una prueba de ADN
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=520769
EMILIO Silva
La polémica sobre la exhumación de una fosa común en Calatayud y el incumplimiento en la realización de la misma de la ley de Patrimonio aragonesa no debe desenfocar la naturaleza del verdadero problema que se esconde tras ella.
No parece la mejor solución la intención de la Dirección General de Patrimonio, perteneciente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno aragonés, de aplicar a un problema humanitario un protocolo creado para la recuperación del patrimonio arqueológico. El reglamento de Patrimonio no plantea el interés fundamental que tienen ese tipo de actuaciones: el humano.
El verdadero debate que tiene que suscitar la existencia de fosas comunes y de personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos es cuál debe ser la implicación de las instituciones y qué deberes tienen hacia las víctimas.
LA ASOCIACIÓN que llevó a cabo la exhumación de Calatayud lleva casi diez años trabajando en la búsqueda de desaparecidos y desaparecidas como consecuencia de la represión franquista. Los arqueólogos y forenses que colaboran con ella han participado en ese tipo de exhumaciones en numerosas comunidades autónomas. Y nunca han tenido que aplicar un protocolo como el que pretende el Gobierno de Aragón, que exige en las exhumaciones la presencia de un restaurador, como si lo que se estuviera buscando fuera un mosaico romano.
El Gobierno de Aragón presentó en las Cortes aragonesas el proyecto Amarga Memoria en abril del año 2006. Se trataba de una iniciativa que respondía a la creciente demanda social de medidas orientadas a paliar las consecuencias de la represión franquista. Pero el citado proyecto evitaba asumir ningún tipo de responsabilidad con respecto a la búsqueda, exhumación e identificación de restos de desaparecidos y desaparecidas. Así se dejó un vacío que las asociaciones y los familiares han llenado como han podido.
Esther Tabuenca, hija de uno de los dos hombres exhumados en Calatayud, acudió a las oficinas de su Gobierno autonómico para pedir ayuda, pero nadie desde esa institución dio una solución a su problema. Esta mujer, que tiene hoy 78 años y no quería esperar más tiempo, buscaba identificar los restos de su padre, concejal socialista de Calatayud en los años de la república, asesinado por ello. Finalmente, tuvo que ser un colectivo originario de El Bierzo leonés el que llevara a cabo la exhumación, con la colaboración del ayuntamiento bilbilitano.
EL GOBIERNO de Aragón debe asumir la responsabilidad de un problema ante el que nadie puede cerrar los ojos. Las demandas de las familias de los desaparecidos y desaparecidas deben tener respuesta institucional, para que la administración aragonesa no incumpla la esencia del derecho internacional humanitario. Para ello, las asociaciones y los técnicos que han participado en las exhumaciones pueden poner a disposición de los técnicos correspondientes la experiencia de las numerosas exhumaciones que se han llevado a cabo en los últimos años. Sería la mejor forma de reglamentar una situación que requiere una respuesta específica.
Es triste que un debate acerca de la desaparición de hombres y mujeres que construyeron nuestra primera democracia sea si hay que multar o no a quienes han llevado a cabo su búsqueda. Las Cortes de Aragón tienen que honrar públicamente a todos los hombres y mujeres que compartieron un destino similar al de Jaime Teófilo Tabuenca Pinilla, el concejal bilbilitano asesinado violentamente que fue exhumado hace unas semanas.
La sociedad aragonesa debe esforzarse por buscar los restos de todos ellos, para que esos hombres y esas mujeres que vivieron gobernados durante cuarenta años por los asesinos de sus seres queridos, tengan la oportunidad de vivir la reparación que supone honrar dignamente a quienes tanto sufrieron.
Presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Nieto de la primera víctima de la represión franquista identificada por una prueba de ADN
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=520769

Criticón- Escribidor

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La ARMH y Patrimonio se reunirán por la exhumación sin permiso
La ARMH y Patrimonio se reunirán por la exhumación sin permiso
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y Patrimonio mantendrán una reunión este mes para tratar la exhumación llevada a cabo en Valderarnero, en Calatayud, sin los permisos del Gobierno de Aragón. El departamento solicitó al colectivo el pasado 24 de julio un informe relativo a las actuaciones realizadas en el lugar en un plazo de 20 días --que ya expiró--, en una carta en la que le advertía de la posible incoación de un expediente sancionador que podría saldarse con una multa de hasta 300.506 euros. "Queremos explicarles nuestra postura e intercambiar opiniones", afirmó ayer el vicepresidente de la asociación, Santiago Macas, que en todo momento se mostró muy crítico con el protocolo aragonés, que da a estos restos el mismo tratamiento que a cualquier yacimiento arqueológico.
Tras la advertencia inicial, el director general de Patrimonio, Jaime Vicente, se mostró en todo momento conciliador ante una polémica delicada a nivel político y expresó públicamente su confianza en que la irregularidad fuera fruto de un despiste. Macas, no obstante, arremetió contra el departamento y aseguró que el problema no respondió a un error, sino al desacuerdo del colectivo ante la normativa aragonesa, compartido tanto por los grupos que trabajan por la recuperación de la memoria histórica como por formaciones como IU o CHA. Así, el debate va más allá de las circunstancias de este caso concreto, ya que ha vuelto a poner sobre la mesa las carencias en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en la comunidad.
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=522185

Criticón- Escribidor

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