Que si sale lo de Gran Stafa

ILD lleva a la DGA tres ubicaciones y apalabra 2.300 hectáreas en Ontiñena

El municipio bajocinqueño y sus vecinos aceptan vender la tierra con un ´leasing´ de 6.000 a 9.000 euros.Los promotores de Gran Scala tantean terrenos alternativos en Villanueva de Sijena y La Almolda.

Mueven ficha. Los promotores de Gran Scala (International Leisure Development, ILD) comunicaron ayer al Gobierno de Aragón que han centrado la búsqueda de ubicaciones para el complejo de casinos y parques temáticos Gran Scala en tres municipios, Ontiñena, La Almolda y Villanueva de Sijena, e informaron de que en el primero de ellos han apalabrado --por escrito y con identificación de las parcelas concretas-- la disposición para vender su tierra con los dueños de 2.300 hectáreas, a los que podrían añadirse los de otras 500 en unos días.

Un ejecutivo de Gran Scala lanza una web de azar con socios en pirámide

CHA pide la retirada de la ley de Gran Scala en las Cortes
Cree que el proyecto legislativo abre la puerta a "13 La Muelas juntas".

El grupo parlamentario de CHA en las Cortes mostró ayer su rechazo al proyecto de ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, al que se podrá acoger el macroproyecto de ocio y juego Gran Scala en Ontiñena, por lo que anunció que presentará una enmienda a la totalidad para su devolución al Gobierno aragonés, proyecto de ley que "puede abrir la puerta" a un complejo que equivaldría a "13 Las Muelas juntas". La parlamentaria se mostró contraria a una "forma de hacer en política" que supone elaborar leyes "a medida" de los "intereses del Gobierno" o de "intereses privados" ya que el macroproyecto de Gran Scala "incumpliría" la legislación vigente en Aragón y por eso se elabora un proyecto de ley para "eliminar los obstáculos" legislativos actuales.

El diputado de CHA Chesús Yuste lamentó la "arbitrariedad", además de que "vulnera" varios principios constitucionales, como el de igualdad, seguridad jurídica, interdicción (prohibición) de la arbitrariedad de los poderes públicos, de autonomía local y de la propiedad privada.

CHA presentará la enmienda a la totalidad porque considera que no hay enmiendas parciales que puedan mejorar el texto. La enmienda de los nacionalistas se suma a la ya presentada por IU.

Aunque CHA como partido no tiene capacidad de presentar un recursos de inconstitucionalidad a la ley, sí que buscará "aliados" para tratar de paralizarla, entre otras instancias ante la Comisión Europea, ha dicho Yuste, quien ha apuntado que la Ley podría aprobarse antes del verano porque quedan dos plenos para que acabe el periodo de sesiones.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=502792

CHA e IU intentan mañana sin éxito echar atrás la ley de Gran Scala
El PP se abstendrá ante las enmiendas de devolución de ambos partidos



El pleno de las Cortes debatirá mañana dos enmiendas de devolución de CHA y de IU al proyecto de Ley de Centros de Ocio de Gran Capacidad, rebautizada como la ley de Gran Scala porque será la que permita impulsar el macrocomplejo de ocio y juego en los Monegros. El PP se abstendrá ante estas enmiendas, que PSOE y PAR votarán en contra, lo que impedirá que prosperen. De hecho, la intención de los partidos del Gobierno es aprobar finalmente la ley en el próximo pleno, el próximo día 25.

Tanto CHA como IU se han opuesto al proyecto de Gran Scala y han presentado sendas enmiendas para que el texto legislativo elaborado por el Gobierno sea devuelto a este. Esas enmiendas ni siquiera tendrán el respaldo del otro partido de la oposición, el PP, cuyo portavoz, Eloy Suárez, anticipó que su grupo se abstendrá.

Y es que el PP no quiere echar abajo la ley, pero la considera manifiestamente mejorable, por lo que centrará su interés en tratar de sacar adelante las enmiendas parciales que ha presentado. Según Suárez, dichas enmiendas se centran en la preservación de la autonomía municipal y en la defensa de las competencias de los ayuntamientos. También inciden en la forma de distribuir los recursos que se obtengan por una iniciativa de este tipo, de la que los consistorios tienen que beneficiarse.

Y hacen especial hincapié en medidas de corte medioambiental, como la creación de una zona de seguridad de 30 kilómetros alrededor de estos complejos, para evitar un crecimiento descontrolado de los mismos. Suárez también señaló que algunas medidas se destinan a la protección de las ludopatías. Y recordó que si el PSOE-PAR quiere contar con el voto del PP deberá aceptar buena parte de estas enmiendas.

De hecho, el Ejecutivo tiene especial interés en que los conservadores digan sí a la ley, como ha reiterado el vicepresidente, José Ángel Biel, quien ayer confió en que el texto se apruebe el 25 de junio. "CHA e IU hacen lo que tienen que hacer y ahora se verá qué apoyos tienen. Que yo sepa, cuentan con cinco votos", manifestó, y admitió que se está en conversaciones con el PP para tratar de alcanzar un acuerdo que se extendería a 62 de los 67 diputados de las Cortes.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=504551

José Ángel Biel, quien ayer confió en que el texto se apruebe el 25 de junio. "CHA e IU hacen lo que tienen que hacer y ahora se verá qué apoyos tienen. Que yo sepa, cuentan con cinco votos",

José Ángel Biel,,, el texto se apruebe el 25 de junio.

El PSOE y el PAR buscan el ´sí´ del PP a la ley de Gran Scala
Ambos pretenden aceptar en ponencia la mayoría de las enmiendas populares.El consistorio de Fraga sanciona a los opositores por protestar sin permiso.

Los grupos parlamentarios del PSOE y el PAR pretenden aceptar un gran número de enmiendas redactadas por el PP a la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, la norma diseñada para dar cobertura legal al proyecto de Gran Scala. Si fue el PAR quien pidió una ampliación en el plazo de enmiendas --algo insólito en un grupo que apoya al Gobierno que ha redactado ese proyecto de ley-- fue precisamente para intentar que salga con el mayor número de apoyos posible.

Así, y ante la oposición frontal mostrada por CHA e IU a esta iniciativa legislativa --de hecho ya presentaron dos enmiendas de rechazo que fueron despreciadas en el pleno de las Cortes de la pasada semana-- y al propio macrocomplejo recreativo, es más que probable que esta ley salga adelante con los 62 diputados de PSOE, PAR y PP, y los votos en contra de CHA e IU, que suman 5.

El ponente del PAR, Javier Callau, en declaraciones a Europa Press, confirmó esta predisposición. El portavoz del PP y ponente en el grupo de trabajo que ayer se constituyó para estudiar estas enmiendas, Eloy Suárez, mostró sus dudas. Según Suárez, las 27 enmiendas que ha presentado su grupo son "muy constructivas" y pretenden hacer "la mejor ley posible" y con "las máximas garantías". El PSOE y el PAR estudian aceptar en torno al 80% de las enmiendas conservadoras.

DOMICILIO SOCIAL En principio, una de las que rechazaría sería la que pretende eliminar la obligatoriedad de que el domicilio social de la empresa que quiera instalar un complejo de estas características tenga que estar en Aragón (lo hace así para que el proyecto no vulnere la normativa comunitaria, aunque advirtió ayer de que si no la aceptan ni el PSOE ni el PAR la retirara), así como otra que hace referencia a que haya una reserva de suelo de 30 kilómetros en la que no se pueda instalar un proyecto de características similares.

FALTA GRAVE EN FRAGA Mientras sigue el debate parlamentario, un miembro de la plataforma Stop Gran Scala de Fraga ha recibido una notificación del Ayuntamiento de Fraga en la que le comunica que ha cometido una falta administrativa grave al instalar una mesa informativa contra el proyecto en la plaza España de la localidad sin el consentimiento del consistorio. En ese acto, al que asistieron decenas de personas, la Policía Local identificó a los manifestantes.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=505932

Claves para una ley a la carta.

La inminente ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, llamada más propiamente Ley Gran Scala, es objeto de una tramitación vertiginosa, supersónica, demencial. Impulsan este inaudito acto legislativo enormes ansiedades, prisas desmesuradas, plazos insoslayables. A finales del verano se cumplirán los primeros ocho meses desde la firma de las opciones de compra con las que ILD ató una parte de los terrenos que aspira a controlar en Ontiñena, y entonces será preciso prorrogar esos acuerdos (por ocho meses más y abonando otra señal) o ejecutarlos. Así que a los promotores de la presunta neociudad les resulta imprescindible disponer ya de su ley. Con una normativa a la medida será mucho más fácil salir a captar inversores y hacer caja vendiendo una marca que el Pignatelli habrá respaldado de nuevo, esta vez a través del Boletín Oficial de Aragón. Van a tener el negocio (plis-plás) a huevo.

Es todo tan obvio que casi da risa. Dicen los entendidos en el tema que Biel se ha llevado al huerto al PP (cuya participación en la jugada era condición imprescindible para rematarla políticamente). Con los conservadores en el ajo (¿acaso no es Ontiñena un municipio popular?) no importa que al final se pinche el globo. Sólo Chunta e IU podrían pedir explicaciones. Que pataleen, el sistema habrá quedado a salvo. Así se avanza, con el acelerador a fondo y el turbo a tope, hacia la aprobación (la semana próxima) de una ley cuyo proceso de elaboración tiene el aire de una monumental broma, una especie de gamberrada institucional perpetrada con inusitada urgencia.

Dicen los más prudentes que, si un artefacto tan gigantesco y peculiar como Gran Scala llega a convertirse en realidad, quedaríamos sujetos a ese nuevo megapoder y sus oscuros amos influirían decisivamente en la vida política y social de Aragón. Pero no hace falta llegar tan lejos, porque ya en estos momentos tenemos a los de ILD dictando tiempos y modos a las Cortes aragonesas. Y eso lo ha logrado enseñando tres jets prestados, paseando por París y Orlando al consejero Aliaga y aterrizando en Ontiñena con la fabulosa suma de doscientos y pico mil euros. No me digan que no es genial.

JOSÉ LUIS Trasobares

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=506127

Los letrados de las Cortes creen que la ley de Gran Scala puede ser inconstitucional
Un informe duda de que el proyecto se pueda declarar de "interés social" para expropiar. IU estudia acudir al Tribunal Constitucional.



Los servicios jurídicos de las Cortes han dado un fuerte varapalo a la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad en un informe en el que, entre otras cuestiones, dudan de que se puedan considerar este tipo de proyectos "de utilidad pública e interés social" para poder expropiar terrenos. Es más, advierten de que "podría cuestionarse la constitucionalidad de esta previsión legal" y sugieren su supresión. La ley permite que la DGA expropie suelo una vez que los promotores dispongan del 80% de los terrenos (hasta ahora era el 90%). Precisamente, ayer, IU anunció que estudia acudir a los tribunales por este motivo.

Esta apreciación se repite hasta en tres ocasiones a lo largo de 19 páginas y una más a cuenta de un artículo que señala que es el Gobierno de Aragón el que debe especificar -reglamentariamente- las infracciones leves en estos proyectos del juego. Según los jurídicos, este punto "incumple los principios de legalidad y tipicidad", ya que el Tribunal Constitucional establece que las conductas ilícitas y sus sanciones estén predeterminadas en la norma legal. En total, el informe jurídico incluye 48 correcciones a la ley (tiene 40 artículos), de las que solo se han aceptado 13 y por cuestiones puramente formales.

"Serias dudas jurídicas"

Además de la posible inconstitucionalidad de algunos preceptos, los servicios jurídicos de las Cortes también alertan de que otros plantean "serias dudas jurídicas" como que una zona determinada del territorio aragonés -en la que se instalaría el futuro proyecto- se rija por una normativa "singular" de juego distinta a la autonómica. Es más, dice que podría incurrir en "inseguridad jurídica". La ley de centros de ocio indica que este tipo de proyectos se regulan según unas reglas internacionales, pero en ningún apartado se concreta cuáles son.

Otro de los puntos conflictivos se refiere a la figura del consorcio, integrada por administraciones públicas. El informe llama la atención de "la deficiente regulación" de los estatutos del consorcio, "más bien dispera y confusa", y pone como ejemplo que no se aclara cómo se aprobarán, si por decreto de la DGA o resolución. Apuesta por la primera. También reclama más concreción de las funciones y que se especifique si se convertirá en una nueva administración pública, con las repercusiones que conllevaría. En este sentido, duda del respeto a la autonomía municipal.

El resto de correcciones se refieren a defectos de forma y a que se tenga en cuenta las nuevas leyes aprobadas (la urbanística) y las existentes (la de turismo). No obstante, IU ya anunció que estudiará llevar la ley de centros de ocio al Tribunal Constitucional, aunque reconoció que podría verse limitado por su capacidad económica. "Esto es una aberración legislativa", dijo el portavoz, Adolfo Barrena. "Es una ley con anomalías porque mina tantas leyes... y no tiene en cuenta la urbanística", denunció el diputado de CHA, Chesús Yuste, que denunció la "velocidad supersónica con la que se ha tramitado para cumplir el compromiso de Biel". También el portavoz del PP, Eloy Suárez, criticó la precipitación.

Por su parte, el presidente de la ponencia, Javier Callau (PAR), aseguró que se ha consultado con los jurídicos que elaboraron la ley y niegan que sea inconstitucional. "No se ve ninguna pega", argumentó. José Ramón Ibáñez (PSOE) dijo que "no deja de ser una opinión".

Ayer, se celebró la última ponencia de la ley (solo ha habido tres reuniones), lo que permitirá aprobarla en tiempo récord mañana en la comisión de Industria y el próximo jueves, en el pleno. Se han aceptado numerosas enmiendas del PP, entre ellas, las que otorgan mayor peso a los ayuntamientos en el consorcio.

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/los_letrados_las_cortes_creen_que_ley_gran_scala_puede_ser_inconstitucional.html

PSOE y PAR piden otro informe sobre el proyecto de Centros de Ocio de Alta Capacidad

Los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón que apoyan al Gobierno autonómico, Partido Socialista (PSOE) y Partido Aragonés (PAR), han pedido hoy en la Junta de Portavoces un segundo informe jurídico a la Cámara sobre el proyecto de ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, que permitirá el desarrollo del macroproyecto de ocio y juego Gran Scala en Ontiñena (Huesca).

Los portavoces de ambos grupos, Jesús Miguel Franco (PSOE) y Javier Allué (PAR), anunciaron esta decisión en declaraciones a los medios de comunicación después de que el informe jurídico del letrado de la ponencia que ha debatido el proyecto de ley señale que podría cuestionarse la constitucionalidad de la norma en lo que se refiere a la capacidad del Gobierno de declarar de utilidad pública e interés social proyectos de esta naturaleza.

El portavoz del PSOE subrayó que "no vamos a apoyar ningún artículo ni disposición que sea contrario a ninguna norma y menos a la norma constitucional", para agregar que "tengo datos jurídicos e informes que no opinan lo mismo" que el informe del letrado, que, por otra parte, no es vinculante.

No obstante, van a solicitar ese segundo informe para tener, "si cabe, mayor seguridad" porque "no queremos votar nada que sea difícil de entender por todo el mundo".

El portavoz del PAR también aseguró disponer de "datos jurídicos" que no coinciden con las sugerencias del informe del letrado, pero "no tendremos inconveniente en solicitar un segundo informe para saber si los servicios jurídicos de la Cámara consideran lo mismo" que ese primer informe.

Allué agregó que la sugerencia del letrado "es un párrafo de cuatro líneas que dice podría cuestionarse la constitucionalidad de la norma" en lo que se refiere a la capacidad del Gobierno de declarar de utilidad pública e interés social un proyecto de esta naturaleza, pero "no hace ningún tipo de argumentación jurídica más".

A su entender, los preceptos a los que hace referencia ese informe "no son inconstitucionales, en ningún caso", al tiempo que se preguntó si crear 3.000 puestos de trabajo no es de interés social, en referencia a la previsión de empleos que creará Gran Scala.

DISPONER DE UN MARCO JURÍDICO

El portavoz del PSOE explicó que los grupos políticos que apoyan al Ejecutivo "estamos intentando que el gobierno disponga una ley que enmarque las posibilidades de desarrollo" de los proyectos de ocio de alta capacidad "para que no vaya cada uno por donde quiera". "Nos parecería negativo no aprovechar cualquier situación de desarrollo", siempre que ésta sea "sostenible, legal, adecuada a la norma y constitucional", agregó.

Para Franco, "lo más malo" sería que un proyecto como Gran Scala "se hiciera en límite de Aragón, pero en otra Comunidad autónoma". Eso "me parecería un error y una frivolidad por parte de un gobierno", especialmente en el caso de Aragón, una región "con tan poca demografía y un espacio tan amplio".

Los portavoces de ambos grupos aclararon que la petición de este segundo informe no influirá en la tramitación prevista del proyecto de ley, cuyo informe de la ponencia será votado mañana en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de las Cortes de Aragón, para su debate definitivo en el pleno de la Cámara del jueves 25 de junio.
ttp://www.europapress.es/aragon/noticia-psoe-par-piden-segundo-informe-cortes-proyecto-ley-centros-ocio-alta-capacidad-20090618134255.html

PSOE y PAR piden un segundo informe jurídico a las Cortes sobre el proyecto de ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad

Los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón que apoyan al Gobierno autonómico, Partido Socialista (PSOE) y Partido Aragonés (PAR), han pedido hoy en la Junta de Portavoces un segundo informe jurídico a la Cámara sobre el proyecto de ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, que permitirá el desarrollo del macroproyecto de ocio y juego Gran Scala en Ontiñena (Huesca).

Los portavoces de ambos grupos, Jesús Miguel Franco (PSOE) y Javier Allué (PAR), anunciaron esta decisión en declaraciones a los medios de comunicación después de que el informe jurídico del letrado de la ponencia que ha debatido el proyecto de ley señale que podría cuestionarse la constitucionalidad de la norma en lo que se refiere a la capacidad del Gobierno de declarar de utilidad pública e interés social proyectos de esta naturaleza.

El portavoz del PSOE subrayó que "no vamos a apoyar ningún artículo ni disposición que sea contrario a ninguna norma y menos a la norma constitucional", para agregar que "tengo datos jurídicos e informes que no opinan lo mismo" que el informe del letrado, que, por otra parte, no es vinculante.

No obstante, van a solicitar ese segundo informe para tener, "si cabe, mayor seguridad" porque "no queremos votar nada que sea difícil de entender por todo el mundo".

El portavoz del PAR también aseguró disponer de "datos jurídicos" que no coinciden con las sugerencias del informe del letrado, pero "no tendremos inconveniente en solicitar un segundo informe para saber si los servicios jurídicos de la Cámara consideran lo mismo" que ese primer informe.

Allué agregó que la sugerencia del letrado "es un párrafo de cuatro líneas que dice podría cuestionarse la constitucionalidad de la norma" en lo que se refiere a la capacidad del Gobierno de declarar de utilidad pública e interés social un proyecto de esta naturaleza, pero "no hace ningún tipo de argumentación jurídica más".

A su entender, los preceptos a los que hace referencia ese informe "no son inconstitucionales, en ningún caso", al tiempo que se preguntó si crear 3.000 puestos de trabajo no es de interés social, en referencia a la previsión de empleos que creará Gran Scala.

DISPONER DE UN MARCO JURÍDICO

El portavoz del PSOE explicó que los grupos políticos que apoyan al Ejecutivo "estamos intentando que el gobierno disponga una ley que enmarque las posibilidades de desarrollo" de los proyectos de ocio de alta capacidad "para que no vaya cada uno por donde quiera". "Nos parecería negativo no aprovechar cualquier situación de desarrollo", siempre que ésta sea "sostenible, legal, adecuada a la norma y constitucional", agregó.

Para Franco, "lo más malo" sería que un proyecto como Gran Scala "se hiciera en límite de Aragón, pero en otra Comunidad autónoma". Eso "me parecería un error y una frivolidad por parte de un gobierno", especialmente en el caso de Aragón, una región "con tan poca demografía y un espacio tan amplio".

Los portavoces de ambos grupos aclararon que la petición de este segundo informe no influirá en la tramitación prevista del proyecto de ley, cuyo informe de la ponencia será votado mañana en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de las Cortes de Aragón, para su debate definitivo en el pleno de la Cámara del jueves 25 de junio.
http://www.europapress.es/aragon/noticia-psoe-par-piden-segundo-informe-juridico-cortes-proyecto-ley-centros-ocio-alta-capacidad-20090618134245.html

El PP no apoyó los puntos con dudas de la ley de Gran Scala
El proyecto sale gracias al PSOE y el PAR y solo falta aprobarse en pleno.CHA e IU vuelven a pedir la retirada de una iniciativa "aberrante"


El proyecto de ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad pasó ayer el último trámite antes de su aprobación definitiva en pleno y fue aprobado el dictamen de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. Aunque solo el PSOE y el PAR apoyaron todos los artículos del proyecto de ley. El PP se abstuvo en aquellos puntos que plantean dudas de constitucionalidad para el letrado de las Cortes que redactó el informe de correcciones técnicas y que cuestionaba algunos aspectos de la ley.

El PP esperará al segundo dictamen jurídico de los expertos de la Cámara para fijar su posición definitiva en el pleno del jueves, en el que saldrá adelante. Solo CHA e IU rechazan un texto que facilita a ILD la construcción de Gran Scala y le elimina trabas administrativas. Ambos partidos de izquierdas volvieron a solicitar, sin éxito, que se retire un proyecto inadmisible para las dos formaciones.

Mientras el consejero de Industria, Arturo Aliaga, volvió a insistir ayer en que el texto de los servicios jurídicos son una "opinión", tesis que defiende el PAR en bloque, el portavoz del PP en la cámara, Eloy Suárez, anunció que si el segundo informe ratifica la posible inconstitucionalidad de algunos puntos del proyecto de ley, votará en contra de ellos. Tanto el PAR como el PSOE, y los representantes gubernamentales de ambos partidos, reiteraron que serán "escrupulosos" con la Constitución.

El PP, añadió Suárez, ha venido denunciando "sistemáticamente" la falta de transparencia y del Gobierno de Aragón y, por extensión, de los grupos que lo apoyan, y el "espectáculo" de estos días, tras conocerse el contenido del informe, es "fruto de eso". Suárez aprovechó la polémica de ese informe para volver a exponer la tesis de la escasa calidad democrática con la que el PP está realizando su principal estrategia de oposición en los últimos meses. A juicio del portavoz popular, las leyes deberían entrar en la cámara con todos los informes jurídicos pedidos por el Gobierno autonómico. En este caso, un informe que ha costado más de 120.000 euros a las arcas públicas y que fue redactado por un gabinete de abogados madrileño.

El diputado de CHA Chesús Yuste criticó que el vicepresidente del Gobierno, José Ángel Biel, diera a entender que el informe del letrado era "sesgado" políticamente, lo que "igual" quiere decir que él está "acostumbrado a eso" en los informes que se solicitan desde el Ejecutivo a sus propios servicios jurídicos. A los grupos que apoyan al Gobierno sólo les queda, a su juicio, retirar el proyecto de ley antes de "consumar una barbaridad política". Argumentos muy coincidentes fueron los esgrimidos por el portavoz de IU, Adolfo Barrena, quien calificó el proyecto de "aberrante" e invitó al Ejecutivo a retirarlo.

Sin embargo, el coordinador de la ponencia y quien defenderá la ley en el próximo pleno, Javier Callau, recalcó que la ley se aprobará, "por supuesto", respetando "siempre" la Constitución, y que se presentará ante el pleno "lo que se pueda presentar".

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=506696

Los juristas de las Cortes cierran filas y suscriben el primer informe de Gran Scala
La letrada mayor ya dio el visto bueno al anterior documento y está esperando a que PSOE y PAR dejen claro sobre qué parte del proyecto de ley quieren que se pronuncie


El equipo de juristas de las Cortes de Aragón han cerrado filas y suscriben el primer informe de correcciones técnicas del proyecto de Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, en el que se plantean dudas sobre su inconstitucionalidad. Los letrados mantuvieron ayer un encuentro para discutir el asunto, ya que los dos grupos que sustentan al Gobierno, PSOE y PAR, han forzado la petición de un dictamen sobre el primer informe. La letrada mayor, Vega Estella, ya dio el visto bueno al documento, por lo que está esperando que le aclaren sobre qué aspectos del proyecto de ley quieren que se pronuncie ahora, según apuntaron ayer fuentes parlamentarias.

Mientras los servicios jurídicos dilucidan una salida, PSOE y PAR sacaron adelante la ley en la comisión de Industria, Comercio y Turismo con el rechazo del Chunta e Izquierda Unida. El PP apoyó la mayoría de artículos, votó en contra de los que no se han aceptado enmiendas y se abstuvo en los que son motivo de controversia sobre su constitucionalidad. El portavoz popular, Eloy Suárez, condicionó el voto final en el pleno que aprobará finalmente la norma el próximo jueves a lo que diga el segundo informe. Si se mantienen las salvaguardas legales, se opondrá.

El letrado que firma el informe de correcciones de esta ley cuestiona su constitucionalidad porque duda de que se puedan declarar proyectos como Gran Scala "de utilidad pública e interés social" para poder expropiar los suelos. También plantea dudas jurídicas por la normativa de juego singular que van a tener este tipo de proyectos frente a la del resto del territorio o la indefinición de la figura del consorcio.

Las citadas fuentes parlamentarias recordaron que la letrada mayor ya visó el primer informe, por lo que difícilmente se va a desdecir ahora. "Es un juego diabólico pretender que se haga un contra informe. Es una situación absolutamente delicada. Y se debe respetar el trabajo de los servicios jurídicos de las Cortes, porque el vicepresidente Biel no puede descalificar a los letrados por hacer su trabajo", señalaron.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa también rechazó ayer las "obscenas" declaraciones de Biel, que denunció que el dictamen tiene "carácter político" e incluye cuestiones con "intencionalidad". "Es un hecho de enorme gravedad que un responsable político se permita atacar a los funcionarios de una institución por cumplir con su obligación profesional. Ese modo de actuar constituye un ataque frontal no solo al letrado autor del informe cuestionado, sino a toda la función pública

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/los_juristas_las_cortes_cierran_filas_suscriben_primer_informe_gran_scala.html

Una asociación considera "obscenas" las palabras de Biel

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa rechazó ayer, "con total rotundidad", las "obscenas" declaraciones realizadas por el vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, en las que "descalifica la profesionalidad" de los letrados de las Cortes de Aragón, como resultado de las objeciones jurídicas planteadas por estos al contenido del proyecto de ley y que para el dirigente aragonesista no eran más que una simple "opinión".

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=506695

Una ley arbitraria para Gran Scala
El Gobierno quiere tener manos libres para actuar por encima de la legislación ordinaria en materia sensible.

Esta semana, a velocidad supersónica, las Cortes de Aragón aprueban la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, que es el eufemismo con el que el Gobierno ha denominado a la ley de Gran Scala. Una ley hecha a la medida de este megaproyecto de ocio y juego apadrinado por Iglesias y Biel desde su presentación en el Salón de la Corona del Pignatelli en diciembre de 2007. CHA se ha opuesto a este proyecto de ley y ha sustentado su rechazo en sólidos argumentos: se trata de una legislación ad personam, hecha a la carta, en cumplimiento del compromiso que adquirió el gobierno PSOE-PAR con los promotores de Gran Scala, de turbia trayectoria por cierto, en el Protocolo de colaboración aún vigente. Además, a nuestro juicio, se vulneran varios principios constitucionales (igualdad, seguridad jurídica, prohibición de la arbitrariedad, propiedad privada y autonomía municipal), es decir, nos encontramos ante una barbaridad jurídica.

Puede haber ciudadanos biempensantes que crean que esta ley nace para controlar a esas grandes empresas o para cubrir alguna laguna legislativa. Nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que existe suficiente legislación sin necesidad de hacerle una ley a medida de proyectos privados de la magnitud de Gran Scala. No es que falten leyes, el problema es que este megaproyecto incumple la legalidad vigente. Vamos, que es ilegal, por eso el gobierno se ve obligado a cambiar leyes y normativas, para adecuar la legalidad a Gran Scala. No para adecuar Gran Scala a la legalidad, como cabría esperar en un Estado de Derecho. La fórmula elegida por el Gobierno ha sido crear un espacio jurídico de excepción donde dejan de ser de aplicación leyes tan importantes como la urbanística, la de ordenación territorial, la del juego o la de espectáculos públicos.

Por ejemplo, la normativa aragonesa limita el número de casinos permanentes a uno por provincia y a una distancia mínima de 40 km. Para ubicar los 32 casinos de Gran Scala en un único municipio, se necesita dejar la legalidad sin efecto en Ontiñena. Es más, esta nueva ley recoge que, en materia de juego, se aplicarán "los parámetros internacionales que rigen en los centros o zonas de características análogas". Es decir, que en Ontiñena (o donde diga el Gobierno), los usos y costumbres de Las Vegas o Macao, cualesquiera que sean, sustituirán a la Ley del Juego de Aragón. Y es que esta ley hecha para Gran Scala se fundamenta en la arbitrariedad. Se reconoce en su preámbulo: "Las solicitudes que puedan presentarse quedan siempre a criterio discrecional del Gobierno de Aragón". Así de claro. El Gobierno quiere tener las manos libres para actuar por encima de la legislación ordinaria en materias especialmente sensibles. De hecho, establece un procedimiento privilegiado a favor de un determinado tipo de proyectos empresariales en detrimento del resto de actividades económicas, vulnerando el principio de igualdad. Además, el Pignatelli asalta eficazmente la autonomía municipal, reservándose todas las decisiones a través de un consorcio donde las entidades locales afectadas serán convidadas de piedra. Por ejemplo, será el Gobierno quien apruebe el proyecto de ordenación que regirá la urbanización y construcción de Gran Scala, usurpando así las competencias urbanísticas y territoriales del ayuntamiento implicado.

También se vulnera la propiedad privada, al declarar Gran Scala (y futuros proyectos similares) como "de utilidad pública e interés social". ¿Cómo es posible que se puedan considerar de interés social 32 casinos? Resulta escandaloso. Y aún más que se prevea expropiar las tierras restantes que necesite el megaproyecto una vez que sus promotores hayan adquirido el 80% de los suelos necesarios. (El proyecto decía 90%, pero el PAR lo ha corregido mediante enmienda. ¿Por qué este cambio?, ¿a quién le hacía falta esa modificación?).

Los indicios de inconstitucionalidad han sido denunciados también por los Letrados de las Cortes en su informe jurídico, que ha sido desoído por los portavoces de PAR y PSOE. No sólo nos jugamos persistir en el error de un modelo económico especulativo, ajeno al discurso de "menos cemento y más conocimiento" que dice ahora Rodríguez Zapatero, sino menoscabar la legalidad autonómica en provecho de unos promotores del juego de azar. ¿Dónde queda el interés general?

Diputado en las Cortes de Aragón por Chunta Aragonesista (CHA)

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=506707

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa rechazó ayer, "con total rotundidad", las "obscenas" declaraciones realizadas por el vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, en las que "descalifica la profesionalidad" de los letrados de las Cortes de Aragón, como resultado de las objeciones jurídicas planteadas por estos al contenido del proyecto de ley y que para el dirigente aragonesista no eran más que una simple "opinión".

grisom escribió:que parece que no ha quedado claro: las opiniones de los juristas son eso, opiniones, igual que las de los letrados municipales, así que sus informes son eso, opiniones

Biel resta importancia a las dudas de la Ley de Gran Scala
No piensa que sea inconstitucional y cree que el Derecho "es opinable".

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Angel Biel, afirmó ayer que "el Derecho es opinable" y recordó que no todos --en referencia a CHA e IU, que han anunciado su intención de hacerlo-- podrán recurrir ante el Tribunal Constitucional la futura Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, que permitirá poner en marcha el complejo de ocio y juego Gran Scala en Ontiñena.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Biel aludió a la aprobación, en el Pleno que las Cortes de Aragón celebrarán el próximo jueves, 25 de junio, de la Ley de Gran Scala. El también portavoz del Ejecutivo autónomo dijo que los juristas de la Administración autónoma que han trabajado en este texto legal "son de reconocida competencia" e insistió en que "en Derecho depende de quién opine, quién lo diga y la tendencia de cada juez" el resultado es uno u otro, en referencia al informe de correcciones técnicas de las Cortes y que cuestionaban la constitucionalidad de algunos artículos.

José Angel Biel prosiguió afirmando que la supuesta inconstitucionalidad de este proyecto de ley es un asunto que "sólo puede dilucidar el Tribunal Constitucional", tras lo que explicó que el recurso de inconstitucionalidad sólo lo pueden plantear el Gobierno de España, el Ejecutivo aragonés, las Cortes autónomas, 40 diputados al Congreso o 40 senadores y añadió que "si eso no se produce no hay sentencia del Constitucional".

El portavoz del Ejecutivo prosiguió preguntándose "si podemos permitirnos el lujo" de renunciar a proyectos como el de Gran Scala y preguntó "si hay otros proyectos alternativos mejores que el que se plantea aquí". El proyecto de Gran Scala "genera unas iniciativas que no podemos ni imaginar", dijo Biel, quien concluyó afirmando que su puesta en marcha será similar, en términos económicos, a "cuando vino la Opel a Zaragoza".

Mientras, la Asociación en Defensa de la Función Pública pidió al presidente de las Cortes, Francisco Pina, que ampare a los letrados de las Cortes ante las críticas de Biel.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=507363

Biel recuerda que "no todos pueden recurrir" la ley de Gran Scala ante el Tribunal Constitucional
El vicepresidente del Gobierno de Aragón afirma que el Derecho "es opinable" y que depende de la tendencia de cada juez, y desafió de nuevo a quienes cuestionan la constitucionalidad de la norma, que se vota el jueves en las Cortes.

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, afirmó este martes que "el Derecho es opinable" y recordó que no todos podrán recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la futura Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, que permitirá poner en marcha el complejo de ocio y juegos de azar Gran Scala en Ontiñena.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Biel aludió a la aprobación, en el Pleno que las Cortes de Aragón celebrarán el próximo jueves, 25 de junio, de la Ley de Gran Scala. El también portavoz del Ejecutivo autónomo dijo que los juristas de la Administración autónoma que han trabajado en este texto legal "son de reconocida competencia" e insistió en que "en Derecho depende de quién opine, quién lo diga y la tendencia de cada juez" el resultado es uno u otro.

José Ángel Biel prosiguió afirmando que la supuesta inconstitucionalidad de este proyecto de ley es un asunto que "sólo puede dilucidar el Tribunal Constitucional" (TC), tras lo que explicó que el recurso de inconstitucionalidad sólo lo pueden plantear el Gobierno de España, el Ejecutivo aragonés, las Cortes autónomas, 40 diputados al Congreso o 40 senadores y añadió que "si eso no se produce no hay sentencia del TC".

El portavoz del Ejecutivo prosiguió preguntándose "si podemos permitirnos el lujo" de renunciar a proyectos como el de Gran Scala y preguntó "si hay otros proyectos alternativos mejores que el que se plantea aquí". El proyecto de Gran Scala "genera unas iniciativas que no podemos ni imaginar", dijo Biel, quien concluyó afirmando que su puesta en marcha será similar, en términos económicos, a "cuando vino la Opel a Zaragoza".

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/biel_recuerda_que_todos_pueden_recurrir_ley_gran_scala_ante_constitucional.html

no todos --en referencia a CHA e IU, que han anunciado su intención de hacerlo-- podrán recurrir ante el Tribunal Constitucional

tras lo que explicó que el recurso de inconstitucionalidad sólo lo pueden plantear el Gobierno de España, el Ejecutivo aragonés, las Cortes autónomas, 40 diputados al Congreso o 40 senadores y añadió que "si eso no se produce no hay sentencia del Constitucional".

CHA está estudiando la posibilidad, si finalmente se aprueba el Proyecto de Ley, de acudir al Defensor del Pueblo para que éste presente recurso de inconstitucionalidad.

Conspira escribió:Pues habra'que leerse el texto despacito para ver a qué gran negocio (que no sea gran escala en la que ni Biel debe creer) se le puede aplicar.

¿Seremos capaces de descubrirlo antes de que, por sorpresa, aparezca alguien invocando la ley para hacer...?

Biel escribió:"si hay otros proyectos alternativos mejores que el que se plantea aquí".... "genera unas iniciativas que no podemos ni imaginar"

La letrada mayor ratifica las dudas que plantea la Ley de Gran Scala
Vega Estella, no obstante, especifica que un informe jurídico nunca puede sustituir "una decisión política".Considera desproporcionado el revuelo que crea la posible inconstitucionalidad de algunos párrafos


La letrada mayor de las Cortes, Vega Estella, avaló ayer el trabajo realizado por uno de los juristas de la Cámara y que planteó dudas sobre la constitucionalidad de algunos párrafos de varios artículos del proyecto de ley que allana el terreno a Gran Scala en su informe de correcciones técnicas. En este informe de Estella --solicitado por los grupos-- también recuerda que en cualquier caso, las sugerencias de unos servicios jurídicos no son vinculantes ni pueden suplantar la decisión política, que corresponde a los grupos parlamentarios. Es decir, la ley se puede aprobar hoy en pleno sin que esto sea un hecho anómalo, pues es una decisión que solo corresponde a los parlamentarios.

"Nunca un informe emitido desde la función de asesoramiento técnico jurídico puede sustituir la decisión política. esta es soberana, prevalece por encima de cualquier otra y no puede verse suplantada por los criterios técnico-jurídicos que, obviamente, deben valorarse pero nunca anteponerlos. Lo contrario nos llevaría a una subversión del propio sistema democrático", apunta el informe de 21 páginas que ayer recibieron los grupos.

El "peculiar informe", como así lo describe la letrada en uno de sus puntos, recuerda que es relativamente habitual que los informes jurídicos planteen dudas acerca de la constitucionalidad, sin que eso sea obstáculo para tramitar una ley. De hecho, pone ejemplos: desde el propio Estatuto de Aragón que recibió un informe de un letrado del Senado cuestionando algunos artículos (y se aprobó) a la Ley de Vías Pecuarias o la Ley de ordenación del sistema universitario de Aragón.

SIN PRESIONES La letrada muestra su sorpresa por el revuelo mediático creado tras conocerse que el informe de correcciones presentaba algunas dudas sobre la constitucionalidad de algunos párrafos, lo que ha supuesto "una conmoción" que considera "desproporcionada". Ante algunos comentarios que insinuaban que los servicios jurídicos han sufrido presión, los desmiente de plano.

Pero Vega Estella defiende la labor del letrado que participó en la ponencia, y al que en algunas ocasiones le han llegado a cuestionar su labor. Así, asegura que este "ha manifestado en el ejercicio de su función, las valoraciones jurídicas que ha estimado convenientes, llevándolas a cabo de forma prudente, sin dogmatismo, sin afirmaciones rotundas y bajo la objetividad y neutralidad que preside la actuación de estos servicios jurídicos". De hecho, la letrada mayor confirma que conocía el informe y consideró "que estaba ajustado a las correcciones técnicas habituales y redactado en los términos que aconseja la prudencia jurídica".

La letrada continúa destacando "la autonomía funcional" de los servicios jurídicos, que actúan "bajo los principios de objetividad, neutralidad y rigor". Estella sentencia: "Como ordena nuestro Estatuto de Autonomía, los diputados legislan y, como dice nuestro reglamento, los letrados asesoran. Invertir los términos sería la mayor degradación de nuestra democracia", sentencia Estella.

"Resulta sorprendente --afirma Vega Estella-- que en este caso se quiera condicionar la decisión política por lo expuesto en un informe de un letrado", ya que las correcciones técnicas, que forman parte de la costumbre parlamentaria pero no están recogidas en ningún reglamento, carecen de cualquier valor vinculante y su rechazo no distorsiona "ni mucho menos paraliza" el procedimiento legislativo.
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=507629

PSOE y PAR fracasan en su intento de conseguir un informe favorable a la ley de Gran Scala
La letrada mayor de las Cortes respalda el dictamen anterior, no despeja las dudas de inconstitucionalidad y dice que la decisión es de los políticos Estella insiste en que la labor de los jurídicos es asesorar

Los partidos que sustentan al Gobierno en Las Cortes, PSOE y PAR, no han logrado el respaldo jurídico que querían para aprobar la ley de Gran Scala sin dudas constitucionales y, pese a esto, ratificarán la norma que legaliza el proyecto. La letrada mayor de la Cámara, Vega Estella, ha respaldado el dictamen anterior de un jurídico de su equipo que planteó dudas sobre la constitucionalidad de la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad. No obstante, lejos de profundizar y aportar argumentos, la jurista se dedica en 21 folios a advertir de que su labor se limita a "asesorar" y que la decisión es política, que este tipo de apreciaciones son "normales" y que los jurídicos gozan de "autonomía funcional".

La semana pasada, uno de los letrados de las Cortes presentó un informe de correcciones técnicas a esta norma. En él, planteaba dudas de constitucionalidad en un artículo que permitía al Gobierno de Aragón expropiar terrenos en aras del interés general una vez que los promotores privados hubieran obtenido el 80% de los suelos. Asimismo, advertía de inseguridades jurídicas por la normativa de juego singular que iban a tener estos proyectos frente al resto del territorio. Ante estas puntualizaciones, los partidos que sustentan el gobierno decidieron solicitar un informe a la letrada mayor de las Cortes. Ayer se dio a conocer.

Estella explica que ella dio el visto bueno y consideró "que estaba ajustado a las correcciones técnicas habituales y redactado en los términos que aconseja la prudencia jurídica". Pero defiende "la autonomía funcional" de los juristas. "Los letrados desempeñan sus funciones bajo los principios de objetividad, neutralidad y rigor", subraya Estella, que explica que ella no da directrices a sus letrados. Y en su ánimo de restar importancia y normalizar este tipo de dictámenes, recalca que las dudas de inconstitucionalidad se han expresado en otras leyes autonómicas como la urbanística.

No obstante, reconoce que habitualmente suelen plantearse en la fase de ponencia verbalmente para que se resuelvan antes y no en las correcciones. "Es normal que los letrados advirtamos cuando apreciamos indicios de inconstitucionalidad en los textos objeto de elaboración de tales indicios", dice, y recuerda que solo el Tribunal Constitucional puede emitir un juicio en este sentido. Pero no aporta ningún argumento que sustente esas dudas. Solo valora si se han planteado correctamente desde un punto de vista formal.

En esta línea, la letrada mayor de las Cortes deja claro en su informe -que ella reconoce que es "peculiar" y que obedece a "una situación alejada de la cotidianeidad"- que la labor de los servicios jurídicos se limita a asesorar y que el dictamen de correcciones técnicas no es vinculante. Es más, aclara que su rechazo no "paraliza el procedimiento legislativo" y que no deben "distorsionarse" estas dudas, que "tienen el valor que habitualmente tienen".

Por eso, recuerda a los diputados que la decisión última sobre las leyes es política porque son los diputados los que tienen la potestad de legislar, según el Estatuto. Y lanza un mensaje a los partidos: "Creemos, desde el rigor procedimental y jurídico, que los grupos parlamentarios no pueden verse constreñidos para variar su decisión política en función de unas dudas jurídicas expresadas en un informe de correcciones técnicas, no en un informe jurídico expresamente encomendado para dar respuesta a un problema concreto con todos los instrumentos jurídicos que habitualmente se utilizan".

E insiste: "Creemos que los informes jurídicos deben ser tenidos en cuenta, valorados, sopesados, pero (...) no pueden sustituir a la decisión política, deben ayudar a conformarla, pero no pueden convertirse en protagonistas de la misma". De hecho, llega a decir que la decisión política "debe arriesgar, tener en mente otros factores que no tienen cabida en un informe jurídico".

Vega Estella, además, se muestra sorprendida por la repercusión del informe de correcciones técnicas, que considera "desmesurada", y critica que la aprobación de una ley dependa del juicio de una letrada, lo que -según ella- "distorsiona todo el sistema". "La labor de los letrados debe permanecer ajena a injerencias externas", insiste.

Explicación "insólita"

Pero va más allá y llama la atención sus últimas puntualizaciones, por "insólitas", como ella misma reconoce. Consciente -dice- de que estas consideraciones "van a tener una proyección que trascenderá el estricto ámbito parlamentario", la letrada mayor manifiesta "el deseo de dejar constancia de la absoluta falta de condicionamientos para realizar las argumentaciones expuestas".

"Ni la Presidencia de la Cámara, ni la Mesa de las Cortes, ni la Junta de Portavoces, ni la Ponencia y, en consecuencia, ninguno de los miembros que integran estos órganos, han tratado de influenciarnos a la hora de elaborar este informe que obviamente está sometido a otro mejor fundado en Derecho", concluye el informe jurídico.
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/psoe_par_fracasan_intento_conseguir_informe_favorable_ley_gran_scala.html

El PP rechazará los artículos conflictivos y CHA e IU exigen que se retire la norma
El PAR dice que el informe jurídico permite continuar la tramitación, mientras el PSOE lo estudia y no se pronuncia. Ambos partidos apoyarán hoy la ley de centros de ocio

Las Cortes de Aragón darán hoy el visto bueno -salvo sorpresas de última hora- a la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad. Y lo harán con los votos del PSOE y el PAR y el respaldo puntual del PP. CHA e IU mantienen su rechazo frontal al proyecto de Gran Scala y se opondrán a la norma. De hecho, ambos ya han anunciado que buscarán alternativas para llevar la ley al Tribunal Constitucional.

El portavoz del PP, Eloy Suárez, mantuvo tras conocerse el contenido del informe solicitado por PSOE y PAR a los servicios jurídicos de las Cortes, que su formación no apoyará los artículos "con dudas y sombras de inconstitucionalidad". Es decir, aquellos señalados en el informe de correcciones técnicas y que hacen referencia a la posibilidad de declarar de "utilidad pública e interés social" un proyecto privado como Gran Scala para poder expropiar terrenos. Pero tampoco darán su voto a aquellos en los que se plantean inseguridades jurídicas como el que permite establecer una normativa del juego singular para estos proyectos que difiere de la del resto de la Comunidad Autónoma o los que regulan el consorcio. En este sentido, Suárez recordó que cuando se han planteado dudas de inconstitucionalidad en otras leyes se han resuelto durante la ponencia.

El portavoz popular achacó la situación generada a "las prisas y precipitación" con las que se ha tramitado esta ley, que apenas ha necesitado una semana de ponencia para estar concluida. "Esto ha creado desconcierto", dijo Suárez, que aseguró que su partido siempre ha mantenido "una actitud constructiva".

Sin embargo, el PAR discrepó. Su portavoz, Javier Allué, destacó que el informe de la letrada mayor de las Cortes permite continuar la tramitación de la ley y que "el que quiera utilizar el dictamen para votar en contra es porque lo tenía decidido". "El que cambie el voto que lo explique, porque en su momento no lo denunció", criticó Allué, en referencia al PP. No en vano, los populares enmendaron uno de los artículos señalados por su posible inconstitucionalidad pero no el párrafo denunciado. El PSOE no quiso pronunciarse sobre el informe de la letrada mayor a la espera de analizarlo con mayor detalle.

Compromiso de Iglesias y Biel

Los que sí mantienen sus tesis iniciales son CHA e IU. Ambos exigen que esta ley se retire. Y con más motivos después de conocerse los dictámenes de Las Cortes, los nacionalistas creen que el Ejecutivo debería echarla atrás y no aprobarla hoy. "¿Qué grupo político se atreve a seguir adelante?", se preguntó la presidenta de CHA, Nieves Ibeas, que recordó que tanto el presidente, Marcelino Iglesias, como el vicepresidente, José Ángel Biel, aseguraron que la norma se iba a ajustar la Constitución. "Los servicios jurídicos están dudando de su constitucionalidad y siguen adelante", denunció. El diputado de CHA Chesús Yuste también apostilló que "habrá que ver si el Gobierno cumple su palabra". Yuste enumeró todos los reparos incluidos en el informe de correcciones técnicas de un letrado de las Cortes y reiteró "que hay evidentes visos de inconstitucionalidad". Por eso, dijo que se seguirá trabajando para presentar un recurso.

También Izquierda Unida recalcó que mantiene su empeño de llevar esta ley al Tribunal Constitucional, una vez que se apruebe. Su portavoz, Adolfo Barrena, denunció que "se ha querido utilizar a los servicios jurídicos para tomar una decisión sobre una ley mala, que tiene visos de inseguridad jurídica e inconstitucionalidad". Barrena suscribió los argumentos utilizados por la letrada mayor de las Cortes, Vega Estella, y recordó que las leyes "son decisiones políticas".
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/el_rechazara_los_articulos_conflictivos_cha_exigen_que_retire_norma.html

La Ley de Gran Scala sale adelante con un escaso respaldo del PP
Los conservadores cambian de postura por los informes jurídicos que cuestionan el texto. Los promotores del macroproyecto podrán iniciar los trámites dentro de unos días.


No hubo el apoyo mayoritario que el PSOE y el PAR deseaban para la conocida como ley de Gran Scala. Pese a que parecía que la mayor parte del texto iba a recibir el visto bueno del PP, los informes de los servicios jurídicos de las Cortes conocidos en los últimos días hicieron que los conservadores cambiaran de idea y optaran, mayoritariamente, por abstenerse. Solo dieron el sí a 7 artículos (de 44) y a una disposición adicional. La ley salió adelante con el respaldo de los socios de Gobierno y entrará en vigor en unos días, en cuanto sea publicada en el BOA. Entonces, los promotores del macrocomplejo de ocio y juego de los Monegros podrán comenzar su tramitación.

Han sido apenas dos meses y medio de tramitación parlamentaria, pues el proyecto de Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad (COAC) fue aprobado por el Ejecutivo autónomo a mediados de abril. Este texto establece las condiciones para promover en Aragón complejos como el de Gran Scala. Entre otras cosas, exige una superficie mínima de mil hectáreas y la creación de 3.000 empleos y 8.000 plazas hoteleras. Además, obliga a los promotores a pagar dos avales (de tres y seis millones de euros) en sendos momentos de la tramitación y les reclama unos trámites para los proyectos que llegan casi al nivel de detalle de un plan general.

Ha sido estos últimos días, cuando se ha constituido la ponencia de debate en las Cortes, cuando ha aumentado la polémica, porque un informe jurídico del Parlamento ponía en duda la constitucionalidad de algunos puntos del texto. Un hecho nada infrecuente en la Cámara (se ha dudado de la constitucionalidad de otros muchos textos), pero que en este caso ha levantado una fuerte polvareda política. Un segundo informe, requerido a la Letrada Mayor, ha ratificado el primero y ha recordado que las decisiones políticas deben estar por encima de las técnicas.

Un hecho que en otras leyes no ha sido relevante sí ha influido en esta, porque ha impedido lograr el objetivo del PSOE-PAR de que el texto tuviera una gran mayoría en las Cortes (que contara con 62 de los 67 votos). Objetivo ampliamente reiterado por el vicepresidente, José Ángel Biel.

Pese al acuerdo inicial de PSOE y PAR con el PP, el contenido de los citados informes ha hecho que los conservadores cambiaran de postura, como reconoció durante el pleno Eloy Suárez, portavoz del grupo. El PP respaldó 8 artículos y disposiciones, rechazó 11 y se abstuvo en 32. El argumento: un proyecto como el de Gran Scala es necesario, pero una ley que se ha hecho demasiado deprisa y sin tiempo a resolver las dudas de constitucionalidad no es la mejor manera de instrumentarlo. "Solo importa que el proyecto (Gran Scala) no descarrile porque aquí se han hecho las cosas mal", afirmó Suárez.

El socialista José Ramón Ibáñez lamentó que se intente "responsabilizar a los servicios jurídicos de la Cámara" de la decisión que toma un grupo. Y el aragonesista Javier Callau subrayó que ante una ley "no caben dudas y sí diferentes interpretaciones". Y en este caso hay "una opinión de incertidumbre frente a informes que plantean lo contrario".

Chesús Yuste (CHA) y Adolfo Barrena (IU) lamentaron que saliera adelante una ley para sustentar un modelo que no comparten. Barrena fue duro. "Esta ley garantizará en Aragón la existencia de guantánamos territoriales", afirmó. "Vaya negocio que han hecho", les dijo a PSOE y a PAR a la vista del voto del PP. Y Yuste denunció que su velocidad "supersónica" no se aplique para cuestiones más importantes.
ttp://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=507810

El presidente Iglesias se ausentó y no votó la nueva ley

El debate de la ley de Centros de Ocio registró ausencias destacadas ayer, sobre todo la del presidente Marcelino Iglesias, que se ausentó antes de que se votara. Incluso no votó la de Servicios Sociales. Según la DGA, tenía un compromiso "secreto e ineludible". En su agenda oficial no aparecía ninguna cita. Tampoco votó la ley de Gran Scala el consejero de Presidencia, Javier Velasco, que intervenía en el Senado ni el diputado del PSOE Enrique Villarroya, alcalde de Jaca. De los consejeros socialistas solo fue Pilar Ventura
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=507809

PSOE y PAR sacan adelante la ley de Gran Scala pese a las dudas constitucionales
Los socios de gobierno defienden que su obligación es legislar por los intereses de los ciudadanos "aún a riesgo de equivocarse". El PP se abstuvo en la mayoría de los puntos


No hubo sorpresas y los partidos que sustentan al Gobierno de Aragón, PSOE y PAR, hicieron valer su mayoría para sacar adelante la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad que permite la instalación de Gran Scala, pese a las dudas de constitucionalidad planteadas por los jurídicos de las Cortes. Por el contrario, sí siguieron al pie de la letra las consideraciones de la letrada mayor de la Cámara, Vega Estella, que en su informe advertía de que la decisión debía ser política y no estar condicionada por los dictámenes jurídicos.

"Nuestra obligación es tomar decisiones aún a riesgo de equivocarse, porque más vale equivocarse por tomar una decisión que por no hacerlo", argumentó el diputado y presidente de la ponencia, Javier Callau, del PAR. "Debemos legislar por los intereses de los ciudadanos", dijo. Recalcó que estos dictámenes son "opiniones de incertidumbre frente a otros que dicen lo contrario y avalan la norma" y criticó que se haga "un aprovechamiento partidista" de la situación por "el impacto médiático" de este proyecto. José Ramón Ibáñez, del PSOE, invitó a quien quiera gobernar a "dejar de tener vértigo en la toma de decisiones" y puso como ejemplo Pla-Za o la ciudad del motor de Alcañiz. "Seguimos apostando por Aragón", subrayó.

En un tenso debate que comenzó pasadas las 14.30 y se alargó hasta cerca de las 16.00, socialistas y aragonesistas se dedicaron a defender el proyecto porque "articula el territorio, crea empleo y genera riqueza", a resaltar el alto grado de consenso obtenido inicialmente y a criticar al PP por haber cambiado al final su voto por los informes de las Cortes. CHA e IU mantuvieron su oposición frontal y el PP justificó su giro en los dictámenes jurídicos, porque -advirtió- "tiene importancia y mucha lo que dicen". Los populares apoyaron, como estaba previsto, 8 de los artículos, votaron en contra de 11 (los que planteaban inseguridades) y se abstuvieron en 32.

CHA e IU rechazaron toda la ley y ambos mantuvieron su amenaza de ir al Tribunal Constitucional. El diputado de CHA Chesús Yuste insistió en que las dudas de inconstitucionalidad afectan "a la columna vertebral de la norma" y criticó al PSOE y a Iglesias por incumplir su compromiso de que "se iba a ajustar a la constitución", porque -dijo- "Biel ya sabemos que no tiene problemas de conciencia". Exigió que se hagan públicos los informes de los servicios jurídicos de la DGA y denunció la "velocidad supersónica" de tramitación de esta ley frente a los diez años de la de servicios sociales.

El portavoz de IU, Adolfo Barrena, dejó claro que él fue el primero que se opuso e invitó -una vez más sin éxito- a los socialistas a desligarse de Gran Scala. "En el socialismo de verdad no caben estos planes", espetó Barrena. También criticó que "el proyecto más importante desde los Reyes Católicos" no haya contado con participación ciudadana.

Por su parte, el portavoz del PP, Eloy Suárez, reiteró que "hay que ser exquisitos dada la beligerancia que existe contra Gran Scala" y lamentó que las dudas constitucionales no se hayan resuelto en la ponencia como en otros casos. Aún así destacó el empleo que generará, pero lanzó una advertencia: "No quiero pensar que este proyecto descarrilara porque un tribunal dijera que la ley no se ajusta al ordenamiento jurídico".
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/psoe_par_sacan_adelante_ley_gran_scala_pese_las_dudas_constitucionales.html

El presidente Iglesias se ausentó y no votó la nueva ley

Los analistas califican la solvencia crediticia de ILD con un 1 sobre 10
El grupo noruego CrediSafe cifra en cero libras el límite recomendado de crédito para la empresa. La promotora de Gran Scala insiste en que una firma de la isla de Jersey será la única financiera.



El grupo noruego CrediSafe, especializado en el análisis financiero de empresas europeas, asigna a International Leisure Limited (ILD), la promotora del complejo de casinos y parques temáticos Gran Scala, una calificación crediticia de 10 puntos sobre cien y consigna en su informe sobre la compañía que el límite de crédito recomendado es cero.

La valoración de CrediSafe sobre ILD fue efectuada el 24 de mayo, semana y media después de que la empresa entregara en el Registro Mercantil de Cardiff --ciudad galesa en la que tiene su sede y en la que los analistas cuentan con una delegación-- el informe de actividades referente a su primer año de funcionamiento.

Los informes de CrediSafe se basan en técnicas de análisis estadístico que incluyen una veintena de variables entre las que se encuentran el funcionamiento financiero de la compañía, el historial de pagos, la trayectoria de los responsables de la firma y los datos registrales. Para determinar el límite crediticio chequean aspectos como el activo circulante, el valor neto de la sociedad, el flujo de caja en efectivo, los deudores, el resultado de las operaciones, así como el tamaño de la empresa y su número de empleados, que, según el informe de actividad remitido por la propia ILD al Registro de Cardiff, es cero.

FINANCIACIÓN Ese mismo documento asegura que International Leisure Development está "ahora" trabajando de forma confidencial para asegurar la financiación que necesita el proyecto del complejo Gran Scala. En este sentido, el informe anual de ILD señala que la compañía está negociando "con varios terceros" interesados en participar en el proyecto, entre los que destacan a Development Capital Management (DCM, un fondo radicado en la isla de Jersey), el cual "ha confirmado su buena voluntad de ser el inversionista exclusivo" de la iniciativa. ILD anunció hace alrededor de un año que DCM había financiado la ampliación de capital de 750.000 libras a 400 millones de euros que supuestamente habían efectuado los socios de la promotora de Gran Scala y que ayer seguía sin haber sido inscrita en el Registro Mercantil de Cardiff. DCM se anuncia ahora en su web oficial como una firma de asesoramiento para inversores, pero no como una entidad dedicada a la financiación de proyectos.

El informe de ILD señala también que la promotora se encuentra "muy cómoda" en cuanto al éxito del proyecto Gran Scala debido a que "todos los operadores de todos los sectores", como "casinos, parques de atracciones, hoteles, hoteles, inversores, bancos, etcétera", se están poniendo en contacto con ellos para poner en marcha el complejo.
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=508048

La compañía afirma que tiene 27.000 libras pendientes de cobro

Las cuentas del primer año de funcionamiento de ILD, registradas en mayo en Cardiff, indican que la compañía tiene pendientes de cobro deudas por 27.056 libras. El mismo documento señala que en su primer ejercicio de operaciones efectuó inversiones por valor de 8.190 libras y que sus costes de establecimiento fueron de 417.222 libras. Esas cifras, junto con las 4.581 libras de que disponía en cuentas bancarias, suman 448.859. Hay 227.471 cuyo pago deben afrontar en un año. Así, el resultado de restar el pasivo circulante al activo es de 229.578, cifra que coincide con la parte de las acciones desembolsada y, prácticamente, con el coste de las opciones de compra en Ontiñena.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=508047

Iglesias: "Mi compromiso con Gran Scala es cumplir la ley"
Barrena reclama transparencia en la tramitación.

"Desde ayer (por el jueves), el único compromiso del Gobierno es cumplir la ley. No confunda un protocolo con un convenio o con un contrato". Así respondió ayer el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, al diputado de IU en las Cortes, Adolfo Barrena, cuando este le preguntó qué desarrollo va a tener el protocolo firmado por la DGA y los promotores de Gran Scala hace un año y medio. Iglesias se refería a la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, aprobada el jueves por PSOE y PAR con escaso apoyo del PP.

Esa ley, conocida como ley de Gran Scala, porque permitirá a sus promotores iniciar los trámites para construir el megaproyecto en los Monegros, es lo único que compromete al Ejecutivo con una iniciativa de estas características, según Iglesias. "Puede haber diferentes proyectos. Si se presenta uno, el Gobierno asumirá sus compromisos de acuerdo con la ley", insistió el presidente.

Barrena exigió "transparencia" una vez que ya "se ha legislado a la carta". Iglesias lo acusó de "no haber entendido" la ley y aseguró que pone importantes condiciones a cualquier promotor de un proyecto así.

El presidente destacó la coherencia de IU ante este proyecto, y de paso atacó veladamente al PP, por sugerir que iba a respaldar la mayoría del texto y acabar votando a favor solo ocho artículos. "Usted ha dicho lo mismo desde el principio, y eso no lo han hecho todos", le dijo el socialista a Barrena. La actitud de los conservadores ante este texto legislativo ha provocado un fuerte malestar en el Gobierno del PSOE-PAR.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=508046

La ley que permite instalar Gran Scala entra hoy en vigor

La Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad que permitirá la instalación del complejo de Gran Scala en Aragón entra hoy en vigor en la comunidad aragonesa. El anunció del inicio de su aplicación se publicó ayer en el Boletín Oficial de Aragón (BOA).

Esta nueva normativa establece que este tipo de recintos han de tener una superficie superior a mil hectáreas, en los que no podrán edificarse viviendas para residencia permanente (salvo aquellas destinadas a proporcionar alojamiento a directivos y empleados). Asimismo, se exige que el centro genere más de 3.000 puestos de trabajo directos y un mínimo de 8.000 plazas de alojamiento para visitantes.

Una de las exigencias de esta ley es que este tipo de recintos sean complejos turísticos destinado a ubicar, de forma integrada, actividades de ocio, recreativas, deportivas, culturales, de juego y apuesta, comerciales y hoteleras, con sus servicios complementarios correspondientes, formando una unidad funcional de explotación.

El próximo paso será la constitución de un consorcio entre las administraciones que se involucren en el proyecto. Los estatutos de este conglomerado público deberán publicarse también en el BOA para tener validez.

Por otro lado, con la entrada en vigor de la norma, se agilizan también las acciones de las formaciones políticas contrarias a la implantación de Gran Scala en Ontiñena (Huesca). Entre ellas, se encuentra Izquierda Unida, partido que la pasada semana anunció que se reunirá con el Defensor del Pueblo para pedirle que presente un recurso de inconstitucionalidad a dicha ley. Paralelamente, IU va a desarrollar una campaña en una treintena de ayuntamientos aragoneses presentando mociones en sus respectivos plenos para instar a los gobiernos municipales a acudir también a la institución del Defensor del Pueblo para rechazar el proyecto de Gran Scala.

El motivo por el que IU recurre a los ayuntamientos para presionar contra el parque de juego y ocio es que la ley deja abierta la puerta a la instalación de complejos de estas características en cualquier zona de Aragón.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=512837

para pedir que recurra ley de Gran Scala
Barrena y Lara (IU) se reúnen con el Defensor del Pueblo



Una delegación de Izquierda Unida (IU) encabezada por su coordinador general, Cayo Lara, y el coordinador general de IU Aragón, Adolfo Barrena, se reúne el jueves, a las 13.00 horas, con el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, a quien pedirán que recurra ante el Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, que permitirá el desarrollo del macrocomplejo de ocio y juego Gran Scala en Ontiñena (Huesca).

La ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad fue aprobada el pasado 25 de junio en el pleno de las Cortes aragonesas y ya ha entrado en vigor. IU entiende que hay suficientes argumentos jurídicos para declarar inconstitucional la ley y por eso pedirá al Defensor del Pueblo que presente, a petición de parte, un recurso ante el TC.

La solicitud del recurso de inconstitucionalidad la presentará Barrena como responsable de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la ejecutiva de IU federal.

Esta formación política sustentará la petición del recurso ante el TC en tres argumentos. Los dos primeros son la "mala utilización" del concepto de interés general y la delegación de competencias de los municipios y de las Cortes de Aragón en la figura de un consorcio que crea la ley, según explicaron responsables de IU recientemente.

En tercer lugar, la ley delega la concreción de las sanciones a un reglamento, algo que no se puede hacer, según indicaron las mismas fuentes.

http://www.europapress.es/aragon/noticia-barrena-lara-iu-reunen-manana-defensor-pueblo-pedir-recurra-tc-ley-gran-scala-20090722135317.html

El Defensor del Pueblo analizará la petición de IU si recurre ante el Constitucional la ley de Gran Scala

El Defensor del Pueblo ya tiene en sus manos toda la documentación sobre la ley que las Cortes han aprobado para Gran Scala. El coordinador de IU federal, Cayo Lara, y el de IU-Aragón, Adolfo Barrena, se reunieron ayer con el Defensor, Enrique Múgica, para trasladarle su preocupación por los planes del Ejecutivo PSOE-PAR en torno al gran centro de ocio y juego y plantearle las dudas que han surgido sobre su constitucionalidad.

El traslado al Defensor de todos los informes relacionados con la recién aprobada ley tienen por objetivo que este órgano decida si considera que hay motivos o no suficientes para recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional.

Se da la circunstancia de que, a pesar de que los informes de los servicios jurídicos de la DGA y de las Cortes de Aragón advierten de su posible inconstitucionalidad, en Aragón solo pueden recurrir la ley el Ejecutivo autonómico y las Cortes de Aragón. PSOE y PAR controlan ambas instituciones y ya han dejado claro que no tenía intención de dar el paso de verificar si lo que promovían se ajusta a la Constitución. De ahí que Barrena llevase el caso ayer al Defensor del Pueblo, ya que este órgano también tiene la facultad de recurrir leyes autonómicas ante el Constitucional.

Adolfo Barrena denunció que se vulneran varias leyes autonómicas y recordó los informes negativos de los jurídicos de las Cortes y la DGA. Además, advirtió de que la nueva ley "pone al servicio de intereses privados" la capacidad de impulsar una expropiación. Cayo Lara lamentó que el Gobierno de Aragón apueste por un modelo productivo bastado en el juego.

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/el_defensor_del_pueblo_analizara_peticion_recurre_ante_constitucional_ley_gran_scala.html

El Justicia ve constitucional la ley que favorece a Gran Scala
García Vicente admite que la actividad "puede ser peligrosa".IU había pedido el informe, y anuncia que seguirá con su oposición al complejo.

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, avala la constitucionalidad de la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad que permite la instalación de Gran Scala en Ontiñena y que ha presentado dudas incluso entre los propios informes jurídicos de las Cortes de Aragón y del Ejecutivo autonómico. García Vicente considera que esta iniciativa "es acorde con la Constitución Española y con el Estatuto de Autonomía", aunque admite que "no entra a examinar" otros aspectos "de legalidad ordinaria".

El informe del Justicia es consecuencia de la reclamación formulada por Izquierda Unida, quien ha emprendido una serie de acciones contra una ley que consideran "a la carta" y que convierte a Aragón en una república "bananera" sometida al interés de determinados empresarios. El diputado de la formación en las Cortes, Adolfo Barrena, aseguró ayer que las conclusiones del Justicia "no impiden" que Izquierda Unida "siga trabajando para que no se ponga en marcha esta ley".

Además de agradecer al Justicia "la rapidez y los numerosos argumentos" que ha empleado, Barrena considera que hay otros mecanismos e instancias que pueden demostrar "la inconstitucionalidad del texto".

El Justicia apunta que no valora "la conveniencia y oportunidad de los proyectos de centro de ocio que ley regula, ni los objetivos económicos y sociales que persigue", porque son opciones que forman parte "de lo que se denomina acción política de gobierno" en la que puede haber "posturas legítimamente divergentes y cuestiones opinables", sin que ello afecte a la constitucionalidad de la ley. Sin embargo, en las conclusiones emitidas por la institución aragonesa, se hacen algunas consideraciones acerca de la actividad que protagonizará gran parte de la actividad de Gran Scala: el juego.

"Es innegable que es una actividad que puede ser peligrosa para aquellas personas que tienen una enfermedad o tendencia que les impide controlarse ante ciertos estímulos, para los menores o para otras personas vulnerables", indica el informe, además de recordar que "hay que estar pendiente de otras actividades colaterales que pueden entrañar otro tipo de riesgos". Por este motivo, recomienda que una parte de los ingresos que genere el centro deben destinarse a la formación, prevención y disminución de los efectos de adicciones como la ludopatía.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=515339

Gran Scala escribió:Biel: “Gran Scala es un proyecto limpio”

Según Biel, en estos momentos lo único que le preocupa al Gobierno de Aragón es la dificultad que está afrontando el consorcio ILD para la adquisición de los terrenos

Los promotores de Gran Scala aún no han pedido la autorización
Un mes después de la entrada en vigor de la ley no hay avance alguno.


Los promotores del macroproyecto de ocio y juego de los Monegros, Gran Scala, todavía no han solicitado la necesaria autorización para impulsar un centro de ocio de alta capacidad, a pesar de que la ley que regula estas iniciativas entró en vigor hace algo más de un mes, tras ser publicada en el Boletín Oficial de Aragón. Dicho texto legislativo establece una serie de exigencias previas que podrían estar demorando el inicio oficial de la tramitación.

La Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad (COAC), conocida como ley de Gran Scala, se aprobó al terminar el pasado periodo de sesiones en las Cortes de Aragón y fue publicada en el BOA el pasado 17 de julio, por lo que entró en vigor al día siguiente, según establece su disposición final segunda. Ayer mismo, este texto salió también en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque con carácter informativo.

Ante el vacío existente, esta ley era el elemento necesario para que los promotores de Gran Scala pudieran comenzar en serio con la tramitación de su proyecto, que debe comenzar con la solicitud ante el Gobierno aragonés (ante el departamento de Industria, Comercio y Turismo) de la autorización para llevar adelante un centro de ocio de alta capacidad. Fuentes oficiales de la citada consejería aseguraron ayer que, pese a que hace un mes que la ley está en vigor, por el momento no se ha presentado solicitud alguna por parte de los promotores de la iniciativa de los Monegros.

El texto establece una serie de requisitos previos a la tramitación, empezando por la necesidad de acreditar la disponibilidad del 90% de los terrenos necesarios (el mínimo que fija la propia ley es de mil hectáreas) al comenzar los trámites. Igualmente, establece que la iniciativa, para obtener la autorización de COAC, debe propiciar la creación de al menos 3.000 empleos y 8.000 plazas hoteleras.

Los Centros de Ocio de Alta Capacidad, señala la ley, deberán ocupar una superficie mínima de mil hectáreas, crear un mínimo de 3.000 empleos directos y un mínimo de 8.000 plazas de alojamiento hotelero. No podrán tener viviendas para residencia permanente.
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=519712

Criticón escribió:

La Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad (COAC), conocida como ley de Gran Scala, se aprobó al terminar el pasado periodo de sesiones en las Cortes de Aragón y fue publicada en el BOA el pasado 17 de julio, por lo que entró en vigor al día siguiente, según establece su disposición final segunda. Ayer mismo, este texto salió también en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque con carácter informativo.
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=519712

este texto salió también en el Boletín Oficial del Estado (BOE)

El socio industrial de ILD deja en el aire su participación en Gran Scala
Aristocrat, segundo fabricante mundial de tragaperras, ya no ve prioritaria la UE.Se reorienta tras perder 20 millones de en seis meses y superar 70 su deuda.

La participación en el proyecto Gran Scala de Aristocrat, el socio industrial de International Leisure Development (ILD) y segunda empresa del mundo en el sector de las tragaperras y el software de juego, está en el aire. La empresa australiana, que atraviesa una situación convulsa, anunció el pasado martes sus nuevas líneas estratégicas, entre las que destacan dos aspectos: uno, que ninguno de sus documentos oficiales menciona los planes sobre el macrocomplejo de Los Monegros; y otro, que Europa ha dejado de ser un mercado prioritario para la compañía.

El Resumen de operaciones del primer semestre del 2009 recoge una caída de los ingresos y una reducción de la rentabilidad en las operaciones desarrolladas por Aristocrat en Europa, Suráfrica y el sudeste asiático, si bien su cuota de mercado ha crecido "modestamente" en la UE. La compañía reconoce que sus resultados en estas áreas seguirán siendo "volátiles" mientras varios proyectos no se materialicen en contratos y se mantenga la crisis económica mundial.

PLAN DE NEGOCIO Aristocrat ha puesto en marcha, tras un análisis de seis meses, un plan de negocio --que tendrá una duración de tres a cinco años-- que marca como objetivo centrar su actividad en tres áreas geográficas: Australia, Estados Unidos y Japón. "Hacia final de este año habremos identificado aquellos (mercados) que no justifican una atención continuada", indicó en la presentación de resultados el máximo ejecutivo de la compañía, Jamie Odell, que anunció la intención de dejar de operar en alrededor de treinta países. "Las estrategias definidas nos dirigirán a los mercados en los que debemos competir", añadió Odell, antes de indicar que "no vacilaremos en salir de mercados o segmentos que no son rentables".

Jamie Odell considera que existe "potencial" para que Aristocrat opere en Macao, Francia, Suráfrica, los países asiáticos de la costa del Pacífico y México. También incluyó en la lista a España, aunque sin hacer ni una sola referencia al proyecto Gran Scala. No deja de ser llamativo que los documentos de Aristocrat destaquen una operación de venta de 6.500 tragaperras y obvien una iniciativa en la que, según los anuncios de los responsables de International Leisure Development (ILD), la compañía equiparía 32 casinos.

Aristocrat ha acumulado en los primeros seis meses de este año unas pérdidas netas de 33,1 millones de dólares australianos --algo más de 20 millones de euros-- cuando en el mismo periodo del 2008 obtuvo un beneficio de 71,4 --casi 50 millones de euros--.

Mantiene un cash-flow de 74 millones de dólares australianos, cifra que sigue muy lejos de los 111,5 que arrastra como deuda neta --269 en el 2008--. Con todo, Aristocrat ha dado un dividendo de 4,5 centavos por acción.
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=520761

Nuevo pago en octubre

El proyecto de Gran Scala tendrá otra prueba del nueve en octubre. A principios de ese mes vence el primer plazo de las opciones de compra de los terrenos. Para renovarlas por ocho meses, ILD deberá pagar otros 300 euros por hectárea. Si no, perderá cualquier derecho sobre las fincas. Los promotores de Gran Scala anunciaron en su día que querían iniciar las obras el día después de terminar la Expo, plazo que se atrasó a la espera de la ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad. Hoy siguen sin disponer del suelo necesario y sin presentar ante la DGA la documentación para lanzar el proyecto.

La promotora deja ya el complejo de Gran Scala sin fecha de apertura
ILD ya no se compromete a abrir al público en 2012 y solo asegura que presentará el proyecto al Gobierno de Aragón antes de fin de año. El grupo confirma que antes del 10 de octubre, cuando vence la opción de compra de los suelos, pagará otro 4% a los propietarios

Segundo semestre de 2009. Era el momento de comenzar las obras del complejo de ocio y juego de Ontiñena, Gran Scala, según las previsiones que la promotora ILD tenía en febrero. Ahora, sus directivos ya no hablan de plazos porque ni siquiera hay proyecto. Solo se atreven a decir que la documentación se presentará al Gobierno de Aragón antes de fin de año conforme a la exigencias de la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, que entró en vigor el pasado 17 de julio. Es el único plazo que creen que pueden cumplir. Eso de abrir al público una primera fase en 2012... "queda en suspenso".

Con esas mismas palabras, un portavoz de la promotora ILD aseguró que "los plazos iniciales ya no se van a cumplir. La ley tiene muchos requerimientos y después no sabemos cuánto tiempo tardará el Gobierno en aprobarlo, si va a solicitar más documentación...", aseguró.

Por su parte, el Gobierno de Aragón confirmó ayer que después de la aprobación de la ley han mantenido contacto permanente con los promotores de ILD, quienes les "aseguran que están interesados en sacar el proyecto adelante con la misma voluntad que antes". Al mismo tiempo, afirman que ya disponen de la información necesaria en cuanto a la disponibilidad energética y otros condicionantes para elaborar el proyecto. No obstante, el ejecutivo recuerda que la tramitación administrativa será larga.

Pero para demostrar esa voluntad, la promotora tiene una oportunidad dentro de un mes exacto. Si la firma de las opciones de compra sobre unas mil hectáreas de vecinos de Ontiñena el pasado 10 de febrero de 2009 sirvió para acallar las críticas porque abonaron el 4% del precio de los terrenos a los propietarios; ahora, les toca superar la reválida. "Un ejemplo de que queremos seguir adelante es que antes del día 10 vamos a pagar el otro 4%, porque nos parece imposible presentar el proyecto antes de esa fecha. No tenemos otra solución que hacer eso", asegura el portavoz de ILD. Aunque admite que la fecha no está fijada, y que todavía no se ha avisado a los propietarios ni siquiera para confirmarles que recibirán esa cantidad.

Este pago será la clave para demostrar ese interés. Pero la pregunta es también si podrán cumplir con todos los requerimientos de la ley: pagar un aval de 3 millones de euros para iniciar los trámites, garantizar más de 3.000 puestos de trabajo directos, 8.000 plazas hoteleras y tener una superficie no inferior a 1.000 hectáreas. "No hay nada de la ley que no se pueda cumplir, lo único es que es muy completa y hay que trabajar mucho en el proyecto. Pero hemos decidido hacerlo y no hay vuelta atrás", apuntó.

Según informaron otras fuentes vinculadas al proyecto, recientemente los socios se reunieron para tomar una decisión después de estudiar el contenido de la norma, y acordaron continuar. No obstante, admiten que no están muy satisfechos, puesto que es muy exigente en comparación con otras de otras Comunidades Autónomas donde hay parques temáticos.

Sin proyectos claros

El portavoz de ILD asegura que habían solicitado a los operadores que presentaran sus proyectos definitivos antes del 15 de septiembre, informes necesarios para diseñar el complejo. Sin embargo, afirma que habrá que esperar a principios de octubre porque no les ha dado tiempo. "Esta primera fase es muy importante porque supone el acuerdo definitivo de cómo será Gran Scala", apuntó. Por ahora, quieren abrir con un máximo de diez casinos así como 7 u 8 parques temáticos, entre los que habrá 3 o 4 de gran tamaño y otros tantos de tamaño medio.

Entre los hoteles de los parques y el resto de alojamientos, se conseguirán entre 12.000 y 13.000 habitaciones. Además, se crearán de 24.000 a 26.000 puestos de trabajo. En total, se calcula que ocuparán entre 1.400 y 1.500 hectáreas en una primera fase.

Todas las cifras están sin precisar, y tendrán que estar cerradas antes de presentar el proyecto. Pero desde ILD aseguran que lo conseguirán. Lo único que está más claro es que las inversiones de los operadores se van a reducir. "Si en un principio hablaban de 500 millones de euros, ahora serán 300, pero se hará igual", asegura. "Todo el mundo ajusta su inversión por la crisis pero, con suerte, ya está más atrás que adelante", comenta.

Con la esperanza del AVE

La conexión con la autopista AP-2 o la construcción de una estación propia de trenes de alta velocidad en el interior del complejo fueron algunas de las exigencias que se plantearon en la presentación del proyecto el pasado mes de febrero en Ontiñena. Aunque los promotores aseguran que no tienen ningún acuerdo ni con el Gobierno de Aragón ni con el Gobierno central, "el único compromiso es la lógica económica. No necesitamos más. Si esto se hace, un gobierno no va a dejar de construirla porque va en contra de sus intereses".
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/a1e7f_la_promotora_deja_complejo_gran_scala_sin_fecha_apertura.html

Las dudas surgen en Ontiñena a la espera de cobrar otro 4% por las tierras
Los propietarios de 300 hectáreas más, que iban a firman en junio, aún aguardan la cita

Las dudas de que el proyecto de Gran Scala salga adelante han vuelto a surgir entre los vecinos de Ontiñena. Desde que se firmó la opción de compra sobre unas mil hectáreas de particulares el pasado 10 de febrero, ha pasado demasiado tiempo para los propietarios de la localidad del Bajo Cinca que esperan firman los contratos de compraventa. Muchos expresan entre líneas su excepticismo y la mayoría no se atreven a opinar demasiado. Su respuesta es: vamos a esperar a octubre.

Quien no tiene dudas es el alcalde de Ontiñena, Ángel Torres, que asegura que los promotores de ILD le han confirmado su intención de continuar con el macrocomplejo. "El proyecto no está parado, se está trabajando, pero lo que pasa es que no hay noticias importantes", aseguró el alcalde. "Lo que está claro es que ellos tienen que estar seguros de que el Gobierno de Aragón no va a rechazar su proyecto", argumenta para explicar el retraso.

No obstante, admite que muchos propietarios que ya firmaron en febrero le preguntan porque están inquietos por saber si se sigue adelante con el complejo de ocio y juego. Algunos, aunque solo sea, para saber si pueden sembrar las tierras o si se resolverá de forma inmediata y perderán la cosecha.

El primer edil también confirmó que no hay cita para pagar el 4% del precio de los terrenos antes del 10 de octubre. Es la fecha en la que vence el contrato que suscribieron con la opción de compra, según el cual si a los ocho meses de la firma no se producía la compraventa, se abonaría otro cuatro 4%. En el caso de que ILD abandonara el proyecto, los propietarios se quedarían con sus tierras y esa cantidad que recibieron en febrero. El portavoz de ILD solo aseguró que sería pocos días antes, aunque "la intención es que sea un acto privado".

En este tiempo, también ha contribuido a sembrar la duda el hecho de que no se llegara a firmar la opción de compra sobre otras 300 hectáreas de particulares que el 10 de febrero o no se habían decidido a vender o no tenían la documentación en regla. Aunque en principio se anunció que sería en junio, se fue retrasando y ahora tampoco tiene fecha.

Por su parte, el portavoz de ILD, asegura que "el único problema es que la gente no tiene sus papeles listos, y no podemos ir para firmar diez hectáreas cada vez". De todos modos, comentó que si antes del 10 de octubre se puede firmar, que podría producirse al mismo tiempo que ese 4% que les toca abonar a los primeros vendedores si quieren continuar.

Esta cantidad es necesaria para conseguir el número de hectáreas que ocupará Gran Scala. Ahora, hablan de 3.015, para lo que necesitan, según la Ley de Centro de Ocio de Alta Capacidad, tener un 90% asegurado. No obstante, el portavoz de ILD explica que no hay problema porque ya hay un compromiso del Ayuntamiento de Ontiñena de vender las 1.300 hectáreas municipales, lo que les sirve de garantía a la hora de presentar el proyecto.

ILD en las fiestas de Ontiñena

No obstante, la participación de representantes del socio español de ILD, Riera & Carreras, en las recientes fiestas patronales de Ontineña, que se celebraron el 3 al 8 de septiembre, contribuyeron a disipar las dudas. No solo lo resaltó el alcalde Angel Torres, que considera que si no hubieran estado interesados no acudirían al pueblo, sino también el presidente de la comarca del Bajo Cinca, Evaristo Cabistañ. No obstante, aunque asegura que no tiene dudas, antes de pronunciarse también quiere esperar a ver qué pasa en octubre.

Y por supuesto, fue un detalle que no pasaron por alto los vecinos del pueblo que, con este gesto, recuperaron la confianza en el proyecto. Ángel Costa, vecino del municipio y propietario de parte de los terrenos sobre los que se levantará el complejo de ocio, se muestra optimista ya que "se están dando los pasos correctos y se camina en la buena dirección", explica. En este sentido, Costa confía en que "la opción de compra se efectuará en octubre, las escrituras también y el proyecto, aunque lentamente, verá pronto la luz". Otros propietarios, como Manuel Cregenzán, parecen tener más dudas. "La crisis y las vacaciones han paralizado bastante el proceso", comenta. Aun así, este vecino de Ontiñena no pierde la ilusión, ya que de salir adelante, "el proyecto supondría todo un revulsivo para el pueblo", matizó. Otros siempre se han manifestado en contra.
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/las_dudas_surgen_ontinena_espera_cobrar_otro_por_las_tierras.html

El portavoz de Gran Scala sale del proyecto
ILD confirma que Mark Campbell se marcha a EEUU temporalmente.Iglesias no mantiene contactos pero "imagina" que otras consejerías sí.


Vino para ser la imagen pública y demostrar la fortaleza del proyecto de Gran Scala pero de momento deja de participar en el equipo directivo. Es Mark Campbell, quien desde hace poco más de un año era el portavoz de ILD (promotora del complejo) y que se ha marchado a Estados Unidos para emprender otros proyectos. Así lo confirmó ayer otra de las caras visibles del complejo, Jaume Riera, en declaraciones a Radio Zaragoza: "Profesionalmente hay unas actividades que tiene que desarrollar y no podría compatibilizar la actividad de ser un portavoz aquí. Lógicamente, la relación con ILD va a seguir porque es un buen profesional y tiene cosas que aportar".

Campbell, que pasó parte de su carrera en la compañía telefónica Jazztel es también el promotor de una suerte de comunidad virtual y red social basada en el mundo del juego. En su web hace su declaración de intenciones: "Aspiro a crear una igualdad de oportunidad, una red sin limitaciones, una red donde, todos tengan la opción de mejorar o transformar sus vidas y la de sus seres queridos. Mi visión es 1, LIBERTAT (sic). Un mundo creado por las reglas de todos, un mundo virtual justo, divertido y apasionante".

Riera, en declaraciones a la misma emisora señaló que en octubre pagarán otro 4% del precio a los propietarios de terrenos en Ontiñena para prorrogar otros ocho meses la opción de compra. Además de asegurar que los "ingenieros, arquitectos y abogados" de ILD están "manos a la obra", no precisó fechas, ya que no es "lo importante". Lo verdaderamente importante, dijo, es que hay un "marco legal" e "ir avanzando".

Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, hace tiempo que no muestra entusiasmo por un proyecto que fue presentado a bombo y platillo en el Pignatelli y que despertó la euforia desmedida en el Ejecutivo autonómico. Ayer mismo volvió a dar muestra de su distanciamiento al ser preguntado por los medios. En declaraciones recogidas por Europa Press, señaló que ha dicho que él, personalmente, no ha mantenido contactos con los promotores, pero que "imagina" que en "el resto de Departamentos" de su Gobierno sí que habrá habido contactos.

Asimismo, explicó que el Ejecutivo aragonés ha creado el marco legal para poder poner en marcha un proyecto de las características de Gran Scala, pero es la iniciativa privada la que debe desarrollarlo, para lo que "no hay unos plazos" concretos.

El presidente de Aragón agregó que quienes estén interesados en desarrollar proyectos contemplados dentro de la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad deben cumplir las condiciones que en ella se contemplan, "que son muy duras", ya que hay que crear "muchos puestos de trabajo" y garantizarlos "con avales". Agregó que si hay quienes están dispuestos a presentarlos, "pues adelante con los faroles, cumpliendo la ley", y si no los hubiera "no pasa nada" puesto que "el desarrollo de estos proyectos no es una responsabilidad del Gobierno de Aragón".
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=523574

El alcalde de Ontiñena asegura que cree que el proyecto seguirá "para adelante"
El alcalde de Ontiñena, Ángel Torres, aseguró ayer que no ha habido ningún cambio en el proyecto de Gran Scala y que tanto las conversaciones como las reuniones con miembros de su promotora, ILD, siguen presentes. "Yo creo que ninguno se ha quedado parado con las fechas. Las fechas están allí y se sigue trabajando. Se ha estado trabajando todo el mes de agosto, así lo han hecho los técnicos que están redactando el proyecto y estudiando el contenido de la ley. El día 7 también estuvieron en Ontiñena representantes de ILD y yo creo que va todo sobre la marcha", aseveró. Torres insistió en que "nadie" había fijado que las obras iban a empezar este semestre, se había planteado finales de 2009 ó principios de 2010, es decir, no había "ninguna fecha encima de la mesa". "Tengo la ilusión de que se va a realizar y tirar para delante, de momento se están cumpliendo las fechas y los plazos y no hay nada parado. El 10 de octubre cumplirá el plazo de los 8 meses y seguramente se renovará ese plazo, hay que dejar trabajar a la gente", concluyó.
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=523572

Iglesias: "La apuesta es la ley, pero Gran Scala no es responsabilidad de la DGA"
El presidente comentó ayer que el papel del Ejecutivo autonómico se limita a posibilitar el marco legal de estos centros. El dirigente aragonés manifestó que si no llega a haber proyecto, "no pasa nada"


Si no se llega a construir Gran Scala, "no pasa nada". Así de claro fue ayer el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, quien aseguró que el papel del Ejecutivo autonómico en el desarrollo del gran complejo de ocio y juego proyectado en Ontiñena se limitaba a posibilitar el marco legal con la aprobación de la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, que entró en vigor el pasado 17 de julio.

"Si hay quien está dispuesto, cumpliendo la ley y las condiciones, adelante con los faroles; y si no, no pasa nada -agregó- porque la apuesta del Aragón es que haya esa ley, pero el desarrollo del proyecto no es una responsabilidad del Gobierno", aseguró. Esta fue su respuesta a la información que publicó ayer HERALDO con declaraciones de un portavoz de la promotora del complejo de ocio, ILD, que ya no se atreve a fijar fecha de apertura del centro. No obstante, los impulsores sí mantienen que el proyecto sigue adelante y que la muestra será que antes del 10 de octubre pagarán otro 4% del precio de las tierras a los propietarios de las 1.000 hectáreas por las que firmaron la opción de compra al pasado 10 de febrero.

Los compromisos iniciales

Atrás queda el protocolo que se firmó con el Gobierno de Aragón, cuando se presentó el proyecto el 12 de diciembre de 2007 en el Pignatelli, en el que el Ejecutivo se comprometía a la construcción de infraestructuras de comunicación hasta el complejo como la conexión con la autopista AP-2 o la construcción de una estación del AVE. Para el Gobierno de Aragón ese protocolo no tiene validez jurídica. No obstante, ahora ILD asegura que no precisa ya de un compromiso explícito, aunque confía en que se construyan.

Iglesias confirmó ayer que como presidente del Gobierno de Aragón no ha mantenido contactos con los promotores personalmente, pero que "imagina" que en "el resto de departamentos" de su Gobierno sí que habrá habido estos contactos. Quienes han mantenido desde el principio contactos con los promotores han sido el vicepresidente, José Ángel Biel, y el consejero de Industria, Comercio y Turismo, Arturo Aliaga, ambos del PAR, su socio de gobierno.

La Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad que impulsó el Gobierno de Aragón y que aprobó el parlamento autonómico en junio permite hacer proyectos de este tipo, recordó ayer Iglesias, quien insistió en que "tiene que haber una iniciativa privada para desarrollarlos". Son los particulares -agregó- quienes tienen que decidir "si se ven capaces", porque aunque cuentan con un marco legal, este no establece plazos.

Las condiciones de la ley

Desde ILD justifican que si los plazos marcados al inicio no se pueden cumplir es porque la ley tiene muchos requerimientos y después desconocen "cuánto tiempo tardará el Gobierno en aprobarlo". Por ello, aseguran que están intentando tener todos los proyectos de todos los casinos y parques temáticos que se van a instalar en el mes de octubre. Con ello, antes de fin de año tendrían listo el proyecto.

De hecho, el presidente incidió ayer en que la ley sí que establece unas condiciones "muy duras" y exige garantías, con avales, de crear 3.000 puestos de trabajo directos.

Ya en la última sesión plenaria de las Cortes de Aragón de junio, el presidente defendió la ley de Gran Scala y aclaró que no se ha elaborado solo para este proyecto de ILD, como denuncian CHA e IU. Es más, destacó que "está hecha para que cualquier iniciativa que cumpla los requisitos se instale, porque quien se atreva con este toro, hará una inversión importante en Aragón". Y aseguró que el único compromiso con el proyecto es que cumpla la ley.
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/1eb99_iglesias_apuesta_ley_pero_gran_scala_responsabilidad_dga.html

Biel: "El proyecto no está parado, lleva su camino"
El vicepresidente alude a que "Motorland necesitó siete años desde el primer decreto" para argumentar que las grandes actuaciones necesitan tiempo

El vicepresidente de la DGA, José Ángel Biel, rechazó ayer que haya habido un cambio de planes respecto a Gran Scala. "El proyecto no está parado, lleva su camino", manifestó el líder del PAR al ser preguntado tras una reunión en la sede madrileña del Ministerio de Política Territorial.

Según explicó Biel, habló ayer por la mañana con el consejero de Industria, al también aragonesista Arturo Aliaga, para que le informase de si había habido algún cambio. "El proyecto sigue su marcha", indicó como conclusión de su conversación con el consejero de la DGA.

Biel hizo referencia al lento ritmo que sufren todas las iniciativas que se proyectan en esta Comunidad para plantear que no tocaría todavía que haya novedades. "Normalmente cuando se inicia un proyecto en Aragón, incluso los que son la centésima parte que éste, se tarda años en acabar de resolverlo", reconoció. Como ejemplo, aludió a la Ciudad del Motor de Alcañiz. "El decreto para su puesta en marcha lo aprobamos en el año 2002, mientras que lo hemos inaugurado hace apenas unos días". "Entre el primer decreto aprobado y su funcionamiento han pasado siete años y hay que tener en cuenta que es de menos dimensión que Gran Scala", remarcó. Dicho esto, Biel resaltó que la inauguración del circuito el pasado fin de semana demuestra que el proyecto, pese al tiempo pasado, ha sido un éxito.

Tras este ejemplo, Biel recordó que apenas ha pasado tiempo desde la norma que aprobó las Cortes de Aragón para impulsar Gran Scala. "La ley de Centros de Ocio de Gran Capacidad entró en vigor hace apenas dos meses", indicó al argumentar que no es un periodo de tiempo suficiente para que se puedan exigir novedades en el proyecto.

"Dificultad con los terrenos"

Aunque en su valoración general Biel mantuvo que no hay problemas, sí reconoció que ha podido haber complicaciones que retrasen la operativa del proyecto. En concreto, el vicepresidente aragonés explicó que "ha podido haber alguna dificultad con la propiedad de los terrenos, teniendo en cuenta que sobre algunos de ellos los propietarios no tenían ni siquiera las escrituras". Este problema se debe a a que muchas de estas propiedades eran producto de herencias que iban pasando de generación en generación sin que mediase la actualización registral.